El Gobierno nacional buscará aprobar este miércoles en la Cámara de Diputados la denominada Ley de Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, pero enfrenta resistencias de los bloques dialoguistas. Las principales objeciones se concentran en el capítulo que introduce modificaciones penales vinculadas con la injerencia extranjera y la libertad de expresión.
La sesión fue convocada para las 12 por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. El temario también contempla la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, acuerdos internacionales y modificaciones relacionadas con las pequeñas y medianas empresas. Para aprobar el capítulo cuestionado, La Libertad Avanza necesita reunir una mayoría absoluta de 129 votos.
El principal conflicto está en el Título VII, denominado «Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales», que modifica los códigos Electoral y Penal. Los bloques dialoguistas reclamaron eliminarlo por completo, pero el oficialismo solamente presentó cambios en su redacción. La diputada radical Karina Banfi ratificó su rechazo al considerar que las nuevas figuras penales vinculadas con la expresión pública no son necesarias para una ley de defensa nacional.
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El proyecto incorpora una figura penal relacionada con las campañas de injerencia extranjera, definidas como acciones planificadas, sistemáticas o sostenidas de carácter clandestino, engañoso, coercitivo o ilícito que oculten vínculos con agentes extranjeros. Aunque la nueva redacción excluye expresamente actividades diplomáticas, periodísticas, académicas y de representación abierta de intereses, mantiene penas de entre cinco y doce años de prisión.
Las objeciones también apuntan a las dificultades para demostrar la intención de los involucrados y sus relaciones con agentes extranjeros. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade advirtió que la iniciativa podría otorgarle al Poder Ejecutivo mayores herramientas de control político y social sobre las campañas que considere desinformativas.
Por otra parte, la iniciativa establece sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Prevé penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones, además de restricciones para contratar con el Estado y acceder a beneficios fiscales. También incorpora modificaciones en materia de seguridad nacional e inteligencia.
Fuente: Baenegocios.


