En Casa Rosada trabajan en unificar proyectos y negociar con la oposición para avanzar con una reforma que reduzca la edad de imputabilidad, con el objetivo de lograr dictamen y tratarla en el Congreso.
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El Gobierno nacional avanza en el diseño de una estrategia política y parlamentaria para impulsar el proyecto de Ley Penal Juvenil, una de las iniciativas que el oficialismo considera clave en materia de seguridad. En la Casa Rosada analizan unificar las distintas propuestas existentes para construir consensos con bloques opositores y reunir las voluntades necesarias que permitan reducir la edad de imputabilidad.
Según pudo saber Noticias Argentinas, si bien el presidente Javier Milei sostiene como objetivo ideal llevar la edad penal a los 13 años, dentro del oficialismo reconocen que el mayor nivel de acuerdo alcanzado hasta el momento se ubica en los 14. Por ese motivo, los equipos técnicos y legislativos trabajan sobre ese punto como base posible para un entendimiento transversal.
“Hay varios proyectos. La idea es unificar y aprovechar para construir los consensos. Es un tema clave, pero tenemos que ver por dónde podemos empezar a generarlos”, explicó una fuente con participación directa en las conversaciones.
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No se trata del primer intento del oficialismo por instalar el debate. En agosto de 2024, la Cámara de Diputados ya había habilitado una instancia de discusión con la oposición, que en mayo de 2025 derivó en la obtención de dictamen. Sin embargo, la iniciativa no logró avanzar hasta el recinto.
En Balcarce 50 admiten que el calendario legislativo juega en contra. Aunque el deseo es lograr la aprobación en febrero, funcionarios y armadores parlamentarios reconocen que la escasez de sesiones podría empujar el tratamiento hacia el período ordinario que comienza el 1° de marzo. “No hay tiempo. Tenemos pocas sesiones, a lo sumo dos por cámara, y tenemos que ser quirúrgicos”, confió un operador legislativo. De todos modos, dentro del oficialismo hay sectores que aún consideran posible sancionar la ley durante la prórroga estival.
El Gobierno también observa como una oportunidad política el impacto del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, que volvió a instalar con fuerza el debate sobre el régimen penal juvenil. En ese contexto, una de las dirigentes más activas en el impulso del proyecto es la ministra de Seguridad y actual jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
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De cara a las próximas semanas, Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se preparan para trabajar en paralelo en una agenda cargada que incluye, además, el intento de obtener media sanción para la Reforma Laboral, cuyo debate se iniciará el 11 de febrero en el Senado, y el tratamiento del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en la Cámara baja.
La Ley Penal Juvenil se perfila así como uno de los ejes centrales del debate político del verano, en un escenario donde el oficialismo apuesta a capitalizar el clima social para avanzar en una reforma que genera fuertes divisiones, tanto en el Congreso como en la opinión pública.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo


