El Gobierno nacional envió este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que apunta a ampliar la cantidad de contribuyentes que podrán adherirse al Sistema Simplificado del Impuesto a las Ganancias. El objetivo es facilitar el cumplimiento tributario e incentivar el ingreso de dólares que permanecen fuera del sistema financiero.
El proyecto, impulsado por el presidente Javier Milei y el equipo económico encabezado por Luis Caputo, será tratado en la primera semana de agosto. El oficialismo buscará aprobar la reforma antes de fin de mes, para lo cual deberá negociar con bloques aliados como la UCR, el PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas.
Entre los principales cambios, la propuesta elimina los límites vigentes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado. Hasta ahora solo podían adherirse quienes registraran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones, mientras que la reforma permitirá el ingreso de todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.
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La iniciativa también mantiene las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica. Además, redefine el concepto de «discrepancia significativa», estableciendo que habrá revisión cuando la diferencia detectada implique un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos igual o superior al 15% respecto de lo declarado.
Otro de los ejes del proyecto establece que quienes adhieran al régimen deberán realizar sus operaciones mediante el sistema financiero formal, utilizando canales autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, los fondos canalizados bajo esas condiciones podrán acceder a beneficios fiscales previstos por la legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.
La propuesta también encomienda a la Unidad de Información Financiera dictar normas para considerar la adhesión al régimen como un antecedente favorable en los controles de prevención del lavado de dinero. No obstante, aclara que bancos y entidades financieras seguirán obligados a cumplir con los procedimientos de identificación de clientes, debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas.
FUENTE: NA.
IMÁGEN: Mariano Sánchez.
