El Gobierno nacional avanza con la privatización de tramos clave de la red vial del país. En los próximos días se publicará el llamado a licitación nacional e internacional para concesionar 4.428 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en ocho corredores estratégicos que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Esta iniciativa forma parte de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones.
La Secretaría de Transporte ya finalizó los últimos detalles legales de los pliegos, revisados junto a la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia. Se espera que la convocatoria se oficialice entre esta semana y la próxima en el Boletín Oficial. La medida se encuadra en el Decreto 97/2025, que autoriza la privatización de estos corredores y habilita la disolución de la empresa estatal Corredores Viales S.A.
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A diferencia de la Etapa I —que incluía solo dos tramos de la llamada Ruta del Mercosur—, esta segunda fase implica una operación de mayor complejidad y extensión. Las rutas a concesionar incluyen trazas actualmente gestionadas por el Estado, como la RN 3, RN 5, RN 7, RN 8, RN 35, RN 226 y RN 188, entre otras. Además, incorpora corredores logísticos portuarios clave, como los accesos a Rosario, Campana y el área metropolitana.
El plan contempla obras de rehabilitación, mantenimiento, mejoras estructurales, señalización, iluminación y un sistema Free Flow de peajes, sin barreras físicas, que busca estar plenamente operativo en 2027. El modelo de concesión establece también estándares de servicio obligatorios y un estricto sistema de auditoría estatal.
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El proceso se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encabezada por Diego Chaher. Las empresas interesadas deberán acreditar antecedentes técnicos, financieros y administrativos, además de presentar garantías específicas para asegurar la ejecución de las obras.
En paralelo, el esquema de concesiones se da en medio de una fuerte controversia judicial: la jueza Martina Forns suspendió recientemente el Decreto 461/2025, que disolvía la Dirección Nacional de Vialidad. Pese a ello, desde el Ejecutivo aseguran que la decisión busca reorganizar estructuras y migrar hacia un sistema de tercerización de la obra pública, en línea con la visión libertaria de reducir la intervención estatal directa.
Fuente: Infobae.
