El Gobierno nacional reconoce que no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para avanzar con modificaciones a la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que considera clave por su impacto directo en las cuentas públicas. En este contexto, en la Casa Rosada admiten que las posibilidades de alcanzar un acuerdo político amplio son hoy más limitadas que semanas atrás.
La ley 27.795 fue promulgada en octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso, pero desde entonces el Ejecutivo sostiene que su aplicación quedó supeditada a la definición de fuentes específicas de financiamiento. Además, descartan retomar el proyecto enviado durante las sesiones extraordinarias de febrero, al considerar que quedó desactualizado frente al nuevo escenario político y judicial.
Ese proyecto había sido incluido en el temario a través del decreto 103/2026, aunque nunca llegó a debatirse en el recinto. Ahora, en el oficialismo creen que cualquier nueva iniciativa deberá partir desde condiciones diferentes, con menor margen para negociar tanto con bloques dialoguistas como con el sistema universitario.
MIRÁ TAMBIÉN: Karina Milei lanzó la campaña de LLA para ganar la Provincia
Las dificultades políticas también reflejan tensiones internas dentro del propio Gobierno. Diferencias en la estrategia parlamentaria entre sectores vinculados al asesor Santiago Caputo y al espacio legislativo que responde a Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem habrían frenado un principio de acuerdo que se buscaba antes del inicio del ciclo lectivo.
El escenario se complejizó aún más tras el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenó cumplir con artículos clave de la ley, vinculados a la actualización salarial y a las becas estudiantiles. Frente a esto, la Procuración del Tesoro apeló ante la Corte Suprema, en un intento por revertir la decisión judicial.
Mientras tanto, crece la preocupación por el frente social. El Consejo Interuniversitario Nacional, junto a organizaciones estudiantiles y gremiales, convocó a una nueva marcha federal para el 12 de mayo. En el Gobierno reconocen que una movilización masiva podría reinstalar el conflicto en el centro de la agenda pública y condicionar aún más cualquier intento de negociación.
FUENTE: TN.
IMÁGEN: Nicolás González/TN.
