La Casa Rosada espera un Congreso más favorable tras los comicios legislativos de 2025. Entre los proyectos en espera se incluyen cambios clave en materia laboral, tributaria y judicial.
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El Gobierno nacional decidió aplazar las reformas estructurales más relevantes de su gestión —la reforma laboral, impositiva, y los cambios al Código Penal y al Código Civil y Comercial— hasta después de las elecciones de medio término, previstas para 2025. La decisión responde a la necesidad de contar con un Congreso más favorable para garantizar la aprobación de proyectos clave para la administración de Javier Milei.
Desde Casa Rosada señalaron que, tras el vencimiento de las facultades delegadas en julio y luego de las recientes derrotas parlamentarias —como la del aumento jubilatorio en el Senado—, el oficialismo eligió mantener en carpeta iniciativas estratégicas para no exponerlas al rechazo legislativo. “A partir del 11 de diciembre nuestra posición va a ser distinta”, deslizaron fuentes del Ejecutivo.
Entre los proyectos que esperan mejores condiciones políticas figuran las reformas laboral y tributaria, actualmente en preparación técnica por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger. El oficialismo trabaja en estas propuestas con el objetivo de tener el terreno listo una vez renovado el escenario legislativo.
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En paralelo, el Consejo de Mayo, reactivado en junio, se consolidó como espacio de diálogo político. Aunque sus reuniones tienen agenda abierta, uno de los focos está puesto en la modernización del mercado de trabajo y la actualización del marco legal para el empleo.
El plan de reformas se completa con un ambicioso rediseño del Código Penal, a cargo del Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona. El borrador redactado por la Comisión de Reforma —integrada por juristas como Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti— incorpora figuras penales como la venta de niños, los fraudes por inteligencia artificial, la «pornovenganza», e incrementa penas por corrupción e incendios.
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Asimismo, el Gobierno proyecta una modificación del Código Civil y Comercial para desregular contratos privados, reforzar la propiedad privada y reducir la intermediación estatal. La reforma promueve mecanismos alternativos como la mediación y el arbitraje para la resolución de conflictos, en línea con una visión liberal del derecho civil.
Con estas iniciativas, el oficialismo busca consolidar su proyecto político tras las elecciones legislativas y avanzar en reformas que definan la estructura legal, económica y judicial del país bajo su modelo de gobierno.
Fuente: TN
Foto: Archivo
