El día después de las elecciones marcará el inicio de un nuevo capítulo para la gestión de Javier Milei. Con la votación como punto de inflexión, el Ejecutivo ya definió un paquete de medidas económicas orientadas a recomponer vínculos con las provincias, atender reclamos sectoriales y recalibrar el rumbo fiscal, sin abandonar el equilibrio de las cuentas públicas que se convirtió en bandera del oficialismo.
Entre los primeros pasos figura la habilitación de avales de deuda para los gobiernos provinciales. Este instrumento permitirá destrabar créditos internacionales que necesitan el respaldo del Estado nacional, un reclamo que une tanto a mandatarios opositores —como Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres— como a aliados de Milei, entre ellos Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo. La intención oficial es liberar parcialmente fondos para atender obras y programas productivos clave.
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El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, será el encargado de ejecutar esta reconversión. El propio funcionario, que ya anticipó un tono más autocrítico, mantuvo contactos con gobernadores y legisladores para delinear acuerdos sobre el presupuesto 2026. Aunque solo el 10% de las partidas podría modificarse, el Gobierno busca garantizar su aprobación con apoyo de la oposición dialoguista, consciente de que la estabilidad política será esencial para sostener la económica.
La inflación en descenso —que pasó del 25% en diciembre de 2023 al 2,1% el mes pasado— ya no es la principal preocupación social. Los reclamos se centran ahora en la actividad, los salarios y la recuperación del consumo. Milei evalúa, en ese marco, pequeños ajustes que permitan impulsar sectores productivos sin comprometer la meta de déficit cero. En paralelo, el FMI insiste en que el plan económico sume respaldo político y logre acumular reservas genuinas.
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El comportamiento del dólar, por último, dependerá del resultado electoral. Los bancos de inversión prevén que un triunfo oficialista podría estabilizar la divisa en torno a los $1700 hacia fin de año, mientras que un escenario adverso forzaría una devaluación abrupta. El desenlace electoral, entonces, será la llave para saber si el Gobierno podrá comenzar a administrar una normalidad gradual o seguirá condicionado por la urgencia económica.
Fuente: La Nación
