El Gobierno nacional promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, que prevé la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y la actualización de los aranceles del sistema de atención integral. Sin embargo, el Decreto 681/2025 publicado en el Boletín Oficial dispuso que su entrada en vigencia quedará suspendida hasta que el Congreso determine las partidas necesarias para su financiamiento.
La norma, identificada como Ley N° 27.793, declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Además de la pensión, establece el acceso obligatorio al Programa Incluir Salud, compensaciones económicas a prestadores y beneficios impositivos para empleadores que contraten a personas con discapacidad.
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Según estimaciones oficiales, la implementación total de la ley demandaría más de 3 billones de pesos, equivalente al 0,35 % del PBI. El Gobierno argumentó que, aun destinando la totalidad de los recursos disponibles, no sería posible cubrir ese gasto sin afectar servicios esenciales como seguridad, justicia o alimentación en cárceles.
El Poder Ejecutivo remarcó que no puede ejecutar gastos sin financiamiento específico, tal como lo establece la Ley N° 24.629. En ese sentido, responsabilizó al Congreso por haber aprobado la norma sin incluir previsiones presupuestarias, pese a la advertencia previa de la Casa Rosada sobre el impacto fiscal.
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En paralelo, el Ejecutivo emitió la Decisión Administrativa 24/2025 para reasignar partidas y aumentar parcialmente los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). De esta manera, se busca garantizar la actualización de aranceles a prestadores, aunque sin habilitar aún la aplicación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Fuente: TN.
Foto: A24.
