El Gobierno ha implementado una significativa reestructuración en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), orientada a optimizar el control de la moratoria y el blanqueo de capitales.
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Esta decisión se oficializó este miércoles a través del Decreto 559/2024, publicado en el Boletín Oficial, en el que se establece la necesidad de modificar la estructura organizativa del organismo por razones operativas.
La normativa concentra la fiscalización tributaria y previsional en el ámbito metropolitano bajo la Dirección General Impositiva (DGI). Esto implica que alrededor de 700 agentes de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) pasarán a depender de la DGI. Además, el organigrama se reducirá con la eliminación de ocho direcciones y tres subdirecciones, lo que supone una disminución de 44 cargos jerárquicos.
Desde la AFIP aclararon que esta reestructuración no conllevará una reducción de personal, sino que busca modernizar y mejorar los controles de fiscalización. La unificación de las actividades de control tributario y previsional tiene como propósito establecer una «ventanilla única» que facilite el cumplimiento del contribuyente, eliminando la doble fiscalización y estableciendo un solo canal de control.
Las modificaciones estructurales también pretenden asegurar la aplicación uniforme de criterios y mejores prácticas operativas. Esto será especialmente útil en el próximo proceso de exteriorización de activos y deudas. Según el texto oficial, esta medida busca complementar e interrelacionar la materia impositiva y los tributos del sistema de Seguridad Social, logrando una sinergia en las actividades operativas de la AFIP.
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El Ejecutivo destacó que esta medida contribuirá a una Administración Pública más eficiente, eficaz y de calidad en la prestación de servicios, en beneficio del ciudadano. Desde la AFIP, bajo la dirección de Florencia Misrahi, se enfatizó que la DGRSS continuará encargándose de la distribución de fondos para los subsistemas de seguridad social, el contacto con instituciones públicas y privadas en materia de seguridad social, así como la investigación y denuncia en casos de trata de personas.
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: iProfesional.
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