Con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia 338/2025, el Gobierno nacional avanzó en una profunda reforma del Código Aeronáutico, vigente desde 1967. Bajo la bandera de la política de “Cielos Abiertos” del presidente Javier Milei, la medida apunta a facilitar el ingreso de nuevas aerolíneas y operadores al mercado local, promoviendo mayor competencia, inversión privada y conectividad aérea.
Uno de los cambios más significativos es la eliminación del requisito de nacionalidad para directivos y tripulaciones: ya no será obligatorio que las aerolíneas tengan dos tercios de su directorio de nacionalidad argentina ni que operen con tripulación local. Esta medida, junto con la posibilidad de operar aeronaves extranjeras, marca un giro radical respecto al modelo proteccionista anterior.
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El decreto también simplifica trámites y documentación societaria, reduce exigencias operativas en aeródromos y elimina referencias tarifarias. Desde ahora, las tarifas y los itinerarios serán coordinados entre aeropuertos y aerolíneas sin necesidad de autorización del Ejecutivo. Además, se agilizan las autorizaciones para vuelos no regulares, como los de trabajo aéreo, facilitando su operación sin burocracia excesiva.
Entre las derogaciones más controvertidas figuran la eliminación del derecho de preferencia del Estado para adquirir activos de aerolíneas cesantes y la supresión del artículo que exigía personal argentino en servicios nacionales. Para los críticos, esto podría traducirse en una menor participación de trabajadores argentinos en áreas estratégicas de la industria.
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Desde el oficialismo destacan que las reformas buscan “modernizar” y alinear la normativa con estándares internacionales. Sin embargo, gremios aeronáuticos ya expresaron su preocupación por el posible impacto en el empleo local y la pérdida de soberanía operativa. La puja entre eficiencia y protección laboral promete seguir en agenda.
Fuente: ámbito financiero.
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