La propuesta de reestructuración de deuda del 6 de julio es la «oferta definitiva» de la Argentina y representa «el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener», ratificó hoy el Gobierno y alentó a la comunidad de acreedores a aceptarla.
En un comunicado sobre el proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda, el Ministerio de Economía recordó que «a lo largo del proceso que siguió, Argentina ha permanecido comprometida de buena fe con sus acreedores internacionales».
«Los inversores esperaban que Argentina modificara los términos de la oferta inicial en numerosos aspectos. En un esfuerzo por incorporar las sugerencias de un cuerpo diverso de acreedores y llegar a un consenso, la Argentina extendió plazos y discutió condiciones de reestructuración y otros incentivos cada vez más generosos», resaltó el comunicado.
Sin embargo, aclaró, «algunas de las solicitudes de los acreedores habrían comprometido la probabilidad de una recuperación económica a corto plazo, e hipotecado las perspectivas de las generaciones argentinas presentes y futuras».
«Una reestructuración de deuda que es miope en sus objetivos no beneficia a nadie, ni al deudor ni a los acreedores», afirmó el gobierno y consideró que la historia financiera reciente de Argentina ha enseñado que «el objetivo de corto plazo de conseguir el apoyo de los acreedores no puede echar por la borda la disciplina de asumir compromisos sólo en la medida en que éstos puedan cumplirse a largo plazo».
Tras recordar que el 6 de julio, Argentina publicó su oferta modificada, «cristalizando su esfuerzo de buena fe por plasmar las sugerencias resultantes de las diez semanas de diálogo con su comunidad de acreedores», lamentó que los acreedores hicieran una contrapropuesta que busca «imponer cargas adicionales a una economía que se está ahogando en plena crisis del Covid-19».
«No sólo sería irresponsable, sino que también sería injusto», aseveró el Ministerio y reafirmó que «el crecimiento sostenible a largo plazo (…) es el único camino verdadero para generar una recuperación de valor para los acreedores en términos equitativos».
En ese sentido, consignó que «Argentina desea contribuir y contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración de deuda soberana cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores».
«Los ajustes a los modelos de contrato elaborados por el International Capital Markets Association (ICMA), que fueron adoptados por Argentina en 2016, en la medida en que gocen de un apoyo generalizado, también serán apoyados por Argentina», precisó.
El documento remarcó que «Argentina tiene la plena intención de llegar a un acuerdo sostenible que no someta a su pueblo a más sufrimientos y angustias».
«Sobre la base de esas premisas, el gobierno argentino manifestó que la propuesta del 6 de julio es la oferta definitiva de la República a sus acreedores y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener; con esa convicción, nuestro país alienta a la comunidad de acreedores a aceptarla, sabiendo que de no ser así toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina», añadió.
