En un giro inesperado, el Gobierno nacional decidió retirar el proyecto de Reforma Penal Juvenil que fijaba la edad de imputabilidad en 13 años, apenas horas después de haberlo enviado a la Cámara de Diputados. La decisión respondió a la falta de respaldo parlamentario suficiente y al riesgo concreto de sufrir un revés político en el recinto.
El repliegue del oficialismo se produjo tras detectar resistencias no solo en la oposición, sino también entre bloques aliados y sectores dialoguistas, lo que obligó a recalcular la estrategia en uno de los ejes más sensibles de la agenda de seguridad impulsada por el presidente Javier Milei.
Ante este escenario, el Ejecutivo optó por retomar el dictamen previo que establece la edad mínima de imputabilidad en 14 años, un texto que había logrado mayor consenso a fines de 2025 y que permitiría avanzar con mayor viabilidad legislativa.
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Fuentes parlamentarias confirmaron que La Libertad Avanza (LLA) volverá a trabajar sobre ese dictamen de mayoría, que cuenta con acompañamiento parcial de bloques dialoguistas y evita reabrir un debate que amenazaba con empantanarse desde el inicio.
Desde el oficialismo reconocen que insistir con la imputabilidad a los 13 años podía trabar el tratamiento integral del nuevo régimen penal juvenil y poner en riesgo otros capítulos clave del proyecto. En cambio, retomar el texto ya debatido permite aprovechar el camino recorrido en comisiones y acelerar los tiempos legislativos.
Más allá del cambio en la edad mínima, el núcleo de la reforma que se discutirá en el Congreso mantiene los principales lineamientos acordados el año pasado, como la aplicación de penas diferenciadas para menores, la obligatoriedad de programas de reinserción social y ajustes en los plazos procesales para delitos graves. Con esta decisión, el Gobierno prioriza asegurar una victoria legislativa en 2026, aun a costa de moderar una de sus propuestas más controvertidas.
Fuente: Minuto 1.
