El Ministerio Público Fiscal había logrado alcanzar un acuerdo de culpabilidad con Carpintero, con una pena de seis de prisión y 70 millones de pesos de caución por haber formado parte de una asociación ilícita y por enriquecimiento ilícito, mientras que Oca había aceptado haber formado parte de la misma asociación, y le cabía una pena de tres años de prisión, aunque lo más relevante es que ambos iban a quedar inhabilitados en forma perpetua para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, el juez Piñeda rechazó el acuerdo en el marco del juicio abreviado a través de una resolución que se emitió a mediados de septiembre pasado.
Como los plazos se han dilatado en medio de la pandemia, la fiscalía declinó de presentar la respectiva apelación y aceptar los términos y plazos del juicio oral y público, previsto para febrero del año próximo.
En el debate quedará sin efecto la declaración de culpabilidad a la que habían adherido Carpintero y Oca y serán juzgados de la misma manera, de acuerdo al principio de inocencia, que rige para los otros siete imputados: los ex funcionarios Diego Correa, Diego Luthers, Víctor Cisterna, Alejandro Pagani y Martín Bortagaray y los empresarios Pablo Menedín y Martín Castillo.
