Este jueves, el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón llevará a cabo una audiencia clave para decidir si se otorga la libertad condicional a Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual infantil y corrupción de menores. Grassi, de 68 años, busca acceder al beneficio tras cumplir más de dos tercios de su pena en la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana. Sin embargo, el abogado querellante ya manifestó su oposición, basándose en la normativa vigente y en el impacto negativo que una posible libertad anticipada tendría sobre la víctima.
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La audiencia se desarrollará en los tribunales de Morón, donde Grassi ejercerá su propia defensa, dado que se graduó como abogado durante su tiempo en prisión. Esta situación es inédita en el proceso judicial que enfrenta, y será la primera vez que se represente sin la asistencia de sus anteriores defensores. La expectativa está puesta en los argumentos que esgrimirán tanto Grassi como los representantes del tribunal, el fiscal de ejecución y la querella, en un contexto marcado por la sensibilidad social que rodea este caso.
La condena a Grassi fue dictada en 2009, tras un extenso juicio que involucró a 130 testigos y terminó encontrándolo culpable de dos hechos de abuso sexual agravado y corrupción de menores. En los años siguientes, la sentencia fue ratificada por distintas instancias judiciales, incluidas la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Corte Suprema de la Nación. A pesar de estos fallos, el ex sacerdote insistió en su defensa, argumentando que cumplió con las condiciones para acceder a la libertad condicional.
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El Código Penal establece que los condenados a penas mayores a tres años pueden solicitar la libertad condicional tras cumplir dos tercios de la sentencia, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. No obstante, la ley también especifica que este beneficio no es aplicable a delitos contra la integridad sexual, lo que constituye uno de los principales argumentos en contra de la solicitud de Grassi. Además, la negativa del ex sacerdote a someterse a peritajes psiquiátricos y el informe del Servicio Penitenciario que desaconseja su liberación, refuerzan la postura de la querella.
Fuente: Infobae.
Foto: Agencia DIB.
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