Con 314 votos a favor y 291 en contra, la Cámara de los Comunes dio media sanción a una ley que habilitaría la muerte asistida para adultos terminales con menos de seis meses de vida. Ahora el debate pasa a la Cámara de los Lores.
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El Parlamento británico dio un paso histórico este viernes al aprobar en la Cámara de los Comunes la proposición de ley sobre Adultos Terminales (Fin de Vida), que permitiría la muerte asistida en Inglaterra y Gales para personas con enfermedades terminales y un pronóstico de vida inferior a seis meses.
La votación se resolvió por un ajustado margen de 314 votos a favor contra 291 en contra, en una sesión en la que los diputados votaron según su conciencia, al tratarse de un tema éticamente sensible y no sometido a disciplina partidaria.
La ley, presentada por la diputada laborista Kim Leadbeater en octubre de 2024, continuará ahora su trámite en la Cámara de los Lores, donde también se espera un intenso debate. Aunque el texto ya había sido aprobado en una lectura previa con una mayoría más amplia en noviembre pasado, algunos legisladores modificaron su postura tras enmiendas al proyecto, lo que redujo la diferencia en esta nueva instancia.
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Durante el debate en el Palacio de Westminster, cientos de manifestantes se congregaron en los alrededores, expresando posiciones tanto a favor como en contra de la medida.
En diálogo con la BBC, Leadbeater calificó la votación como un “momento histórico” para el Reino Unido y aseguró que ahora el foco estará puesto en “garantizar la protección de las personas vulnerables y evitar cualquier tipo de abuso o coacción”.
El texto establece que la asistencia para morir podrá ser solicitada por adultos residentes en Inglaterra o Gales, con al menos 12 meses registrados con un médico de cabecera, un pronóstico de vida menor a seis meses, y la capacidad mental para decidir libremente.
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Además, el paciente deberá realizar dos declaraciones voluntarias y firmadas, y ser evaluado por dos médicos independientes. Una comisión judicial interdisciplinaria —integrada por un abogado, un psiquiatra y un trabajador social— será la encargada de emitir la autorización final.
El procedimiento establece que el medicamento letal será preparado por un profesional de la salud, pero deberá ser administrado por el propio paciente, prohibiendo cualquier intervención externa para minimizar el riesgo de manipulación.
También se introducen penas de hasta 14 años de prisión para quienes presionen o engañen a una persona para inducirla al suicidio.
En paralelo, el Parlamento escocés ya había aprobado el pasado 13 de mayo los principios generales de un proyecto similar, que aún continúa su trámite en esa jurisdicción autónoma del Reino Unido.
Fuente: EFE
Foto: Archivo
