El Ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrióz, explicó las nuevas acciones y reformas legales impulsadas para mejorar la seguridad en la provincia y recuperar bienes provenientes de la corrupción. Además, abordó la problemática de los patrulleros en desuso.
El Ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrióz, detalló las nuevas estrategias y acciones emprendidas por su ministerio para combatir la delincuencia y recuperar bienes provenientes de la corrupción en la provincia en la presentación de la Ley de Extinción de Dominio, y la ampliación de la iniciativa de Ficha Limpia. Estas medidas forman parte de la gestión del gobernador Ignacio Torres, quien desde el inicio de su mandato puso la seguridad como una de sus principales prioridades.
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«Iturrióz destacó la importancia de las discusiones públicas y la participación del Poder Legislativo en estas iniciativas. ‘Es importante que la sociedad conozca quiénes estamos a favor de estas modificaciones, quiénes son los detractores y los motivos que invoca cada uno,’ explicó. Además, mencionó la pluralidad de voces en la reforma del Código Procesal Penal, donde participaron diversos sectores, incluyendo detractores de la reforma.
En cuanto a la extinción de dominio, Iturrióz explicó que «viene a dar premura a situaciones que estaban contempladas pero que eran ineficaces. Estos bienes ahora tendrán un destino claro: seguridad, salud, educación,’ subrayó el ministro.
Sobre la situación de los bienes inmuebles, Iturrióz aclaró que cualquier bien con valor económico, ya sean inmuebles, muebles registrables, o vehículos, será susceptible de pasar al dominio de la provincia. ‘Hay listas que vienen de causas en trámite, pero obviamente las listas van a empezar a engrosar a partir de ahora,’ señaló.
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Por otro lado, refierendose a los patrulleros, Iturrióz explicó que el contrato de leasing, que fue firmado por la anterior administración, resultó en una situación problemática. ‘Tenemos cerca de 200 patrulleros, y aproximadamente 40 están parados. Fue realmente una suerte de Frankenstein porque lo compró el Ministerio de Economía para el Ministerio de Seguridad, pero la titularidad es del banco,’ detalló. Añadió que, aunque han hecho críticas públicas que motivaron cierta colaboración de las concesionarias, la falta de capacidad jurídica para reclamar complicaciones está.
