El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo en el Congreso proyecta una reducción de 155.000 pensiones por discapacidad, aunque la concreción final de ese ajuste dependerá de lo que resuelva la Justicia. La previsión fue incluida antes del fallo que obligó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a restituir las 119.033 pensiones suspendidas en los últimos meses.
El ajuste se da en medio del escándalo por presuntas coimas en Andis, causa que involucró a su ex titular Diego Spagnuolo, desplazado del cargo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), de los $71 billones asignados a prestaciones previsionales —que incluyen jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas—, $3,8 billones se destinarán al pago de bonos, monto que se mantendrá sin variaciones respecto de este año.
La cantidad de jubilados y pensionados caería de 9,15 millones en 2025 a 9,01 millones en 2026 (-1,5%), principalmente por la baja de beneficiarios de pensiones por invalidez. El gasto en ese rubro se reduciría un 10,6% real, pasando de representar el 0,5% del PBI al 0,4%. El economista Jorge Colina, del Instituto Idesa, sostuvo que el Gobierno busca “romper con el uso político de las pensiones” mediante auditorías y revalidaciones, aunque advirtió que “muchas fueron suspendidas sin fundamentos”.
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El vocero presidencial Manuel Adorni había señalado en agosto que las revisiones buscaban “garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan” y “reordenar un sistema usado con fines clientelares”. Sin embargo, la Justicia frenó las auditorías al considerar que se afectaban derechos fundamentales. El juez Guillermo Díaz Martínez, del Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, ordenó restablecer todas las pensiones suspendidas y abonar los haberes retenidos, calificando el accionar de la Andis como “irregular”.
El economista Rafael Flores, especializado en presupuesto público, advirtió que el recorte debería presentarse como un pasivo contingente “por el riesgo de que el Estado deba asumirlo si la Justicia ratifica su restitución”. Mientras tanto, el debate legislativo continúa en comisiones, con la mira puesta en los impactos sociales y fiscales del ajuste.
Fuente: Infobae
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