El oficialismo no consiguió reunir los acuerdos necesarios con sus aliados y bloques dialoguistas para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados. Por ese motivo, la iniciativa quedó fuera de la sesión prevista para este miércoles y su tratamiento en comisiones fue postergado.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue reprogramado para el martes 27 de octubre a las 16, según informó la Agencia Noticias Argentinas. La propuesta busca reforzar las herramientas legales para impedir la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes.
Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 111, que establece sanciones vinculadas con campañas de desinformación masiva, la manipulación de la opinión pública, la alteración de procesos electorales y la colaboración con actos de sabotaje. También generan objeciones las facultades previstas para el Consejo de Seguridad Nacional y los mecanismos para definir amenazas externas.
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La iniciativa internacional de Estados Unidos para disolver el Comité de Descolonización de la ONU también aparece como parte del contexto político. La Argentina se abstuvo en la votación, una decisión criticada por el diputado de Unión por la Patria y ex canciller Jorge Taiana, quien sostuvo que esa postura favoreció la posición estadounidense. El legislador reclamó que el Gobierno rechace la propuesta y mantenga la tradición diplomática argentina sobre Malvinas.
El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión por la explotación o cooperación en el aprovechamiento no autorizado de recursos naturales en las islas y sus áreas circundantes. También propone reemplazar la Ley 26.659, ampliar las prohibiciones más allá de los hidrocarburos, crear un registro público de infractores e incorporar el juicio en ausencia para los delitos previstos.
Además, la propuesta crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno. Entre sus atribuciones figuran la coordinación diplomática, económica, militar y de inteligencia, la protección de infraestructuras críticas y la adopción de medidas urgentes ante amenazas graves. El texto también incluye protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles, además de nuevas restricciones y delitos relacionados con la intervención extranjera en la política argentina.
