viernes 21 agosto 2026

El Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil

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Actualizado: 00:05 21/08 | downtack.com

Con 44 votos afirmativos, la Cámara alta aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el Ministerio de Seguridad. La norma crea un sistema especializado para adolescentes de 14 a 18 años y abre un fuerte debate político y jurídico.

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El Senado de la Nación Argentina convirtió en ley el proyecto que establece la baja de la edad punible de 16 a 14 años y crea un nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa, que ya contaba con media sanción de Diputados, fue aprobada por 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, y ahora aguarda su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.

La norma fue impulsada por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un cambio estructural en el sistema penal argentino. “El Estado no va a seguir mirando para otro lado. No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, sostuvo en el recinto, y defendió el proyecto como una respuesta “moral y jurídicamente distinta” frente a los delitos cometidos por menores.

Durante su intervención, Bullrich afirmó que cuando el delito no tiene consecuencias “la ley pierde autoridad” y pidió un minuto de silencio por las víctimas, gesto que generó tensión en el recinto. La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, aclaró que no le correspondía definir ese procedimiento, aunque finalmente los legisladores se pusieron de pie.

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El bloque peronista votó en contra desde el inicio y cuestionó el enfoque punitivo de la reforma. Además, advirtió que los recursos asignados son insuficientes para implementar el sistema. El proyecto destina $23.700 millones a las provincias para adecuar infraestructura y dispositivos especializados.

Según datos del Servicio Penitenciario Federal citados en el debate, con ese monto podrían construirse apenas 7.400 metros cuadrados, lo que dividido en 24 distritos implicaría 308 metros cuadrados por provincia. El senador Jorge Capitanich advirtió que, sin financiamiento adecuado, la ley podría quedar “en letra muerta”.

En la misma línea, la senadora Lucía Corpacci sostuvo que la norma “no es la solución” y llamó a legislar con racionalidad y humanidad. También el senador Gerardo Zamora planteó objeciones de constitucionalidad y anticipó una posible litigiosidad.

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El cierre del bloque kirchnerista estuvo a cargo de Martín Soria, quien calificó el proyecto como “muy malo” y advirtió que no resolverá el problema de la inseguridad juvenil.

Desde el oficialismo y sectores aliados, en cambio, defendieron la medida como una herramienta para restablecer el principio de responsabilidad penal y responder a las demandas sociales de justicia.

La ley crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con órganos judiciales y centros de alojamiento diferenciados de los adultos. Introduce principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad en la privación de libertad, que solo podrá aplicarse en delitos graves y con límites estrictos de tiempo.

El texto garantiza el derecho de los adolescentes a ser escuchados, a contar con defensa técnica desde el inicio y a que sus familias participen en el proceso. También establece medidas alternativas como tareas comunitarias, monitoreo electrónico, reparación del daño y dispositivos educativos.

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Para las víctimas, la norma prevé asistencia jurídica y psicológica, participación en audiencias y acceso a mecanismos de justicia restaurativa. En cuanto a la ejecución de las sanciones, incorpora la figura de un supervisor judicial especializado para acompañar la reinserción social.

Además, fija estándares de alojamiento que prohíben la convivencia con adultos y garantizan acceso a educación, cultura y atención integral. En el caso de menores inimputables, se dispone intervención judicial con medidas protectoras bajo la órbita de la justicia civil.

La sanción de la baja de la edad punible reconfigura el sistema penal argentino y abre un nuevo escenario político y judicial, con un debate que promete continuar en la etapa de reglamentación y aplicación práctica en las provincias.

Fuente y foto: Infobae

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