“Presentaremos la acusación pública, previo traslados de ley, son 10 días más cinco hábiles. Ya estaremos en condiciones de celebrar la audiencia preliminar que define la etapa medial, en la que debe dictarse la apertura de juicio”, explicó el fiscal Héctor Iturrioz en diálogo con Radio 3.
“Son los mismos cuatro imputados con el que iniciamos la causa, recordó.
Sobre las pruebas recolectadas en el proceso de investigación, rescató que “en las causas de corrupción la constante es la reticencia de la gente a involucrarse por temor a represalias, aunque poco a poco va decreciendo. Hay que convocarlos una vez, dos o tres veces y a medida que van surgiendo datos objetivos que dan cuenta que conocen más de lo que dicen conocer, hay que volver a convocarlos, confrontarlos con esa evidencia, y recién ahí comienzan a reconocer diferentes hechos que conocían y no habían contado”.
Más allá de recolectar testimonios en varios lugares, Iturrioz puntualizó que “lo más complejo de los testimonios fueron los que se recabaron en Rawson, en el Ministerio de Familia, por el temor de los testigos de perder la fuente laboral, sobre todo en época de crisis, es una de los condicionamientos más funestos del sistema de corrupción”.
Remarcó que “las responsabilidades principales están en cabeza de Gómez y Huichaqueo, mientras las responsabilidades de Suárez y Cordero son secundarias en cuanto a la valoración de la energía criminal plasmada en los hechos”.
“La conducta de Huichaqueo y Gómez se enmarca en la calificación provisoria de peculado, que implica tener el cuidado de bienes del estado y distraerlos en beneficio propio. Y tanto Suárez como Cordero encubrieron este ilícito, y para ello tuvieron que gestar documentación que, a sabiendas que era apócrifa, la dieron como real”, fundamentó Iturrioz.
“Gómez era director general, aunque los testimonios indican que su trabajo efectivo era ser un acompañante de Huichaqueo, una suerte de secretario, asistente o chofer”, reveló.
“La pena va de dos a seis años, se hace una mensura previa en la acusación provisoria, porque en la cesura de pena es cuando se evalúan todas las pautas agravantes y disminuyentes que contempla el Código Penal en los artículos 40 y 41”, adelantó el fiscal.
Iturrioz recalcó que “se vendieron más del 50 por ciento de las 461 bolsas de alimentos para mascotas, porque las que se repartieron en Trelew y Rawson, con fines políticos según la denunciante, fueron aproximadamente unas 200, y de las restantes no se encontró ninguna otra bolsa”.
“El hecho cierto es que no llegó ni una sola bolsa a Comodoro y Royal Canin no la donó a la Provincia del Chubut para que la administrara a su arbitrio. Cuando Gisela Manzanares le pide la donación, la fábrica no le exige que acredite ninguna necesidad, porque los hechos de la catástrofe eran públicos y notorios, los videos y las filmaciones que se difundían en los medios nacional daban cuenta del estado del territorio, sino de las mascotas abandonadas, con frío y hambre”, enfatizó.
Iturrioz admitió además que “quedó en evidencia en la audiencia de control de detención y también tenemos pruebas objetivas que demuestra la mala relación entre Huichaqueo y Suárez”.
Sin embargo, el fiscal aseveró que “lo más curioso es que, pese a la mala relación, para cubrir el delito precedente de Huichaqueo, comulgan, unen fuerzas. Hay testimonios relevadores que indican que se utilizan palabras como “somos del mismo partido o entre los bomberos no nos vamos a pisar la manguera”, como que nadie quería descubrir el delito del otro por la pertenencia política”.
“La denunciante asegura que ella intentó que se haga una pesquisa interna dentro del Ministerio de la Familia o el gobierno, pero ninguno propicio un sumario interno o una denuncia, por lo que habrá que analizar si otros funcionarios tenían conocimiento cierto de que se estaba cometiendo un delito porque también debería haber un reproche para ellos”, señaló.
“Creo que en el juicio van a hablar, que las diferencias propias van a surgir. Ya hubo un atisbo de esto en la etapa de investigación, en la audiencia de imposición de cargos, en la que querían lavar sus culpas achacándoselas al otro. De hecho Suárez declaró que él hizo el recuento de los elementos enviados a Comodoro por pedido del gobernador, que a él no le constaba que lo que había escrito en ese informe era cierto, de hecho no lo fue”, analizó.
“Será un juicio corto, en relación a los demás, no puede demandar más de una semana”, sostuvo Iturrioz.
“Tenemos esta semana para presentar la acusación, una vez que lo hagamos se le darán cinco días las defensas para que consulten las constancias del legajo y diez días para realizar todas las actividades que crean menester, desde contestar la demanda o proponiendo pruebas hasta plantear el sobreseimiento, lo que se trata en la audiencia preliminar, donde además se dicta auto de apertura”, especificó el fiscal.
“Según el Código Procesal, aunque los tiempos no se respetan porque el Poder Judicial está atiborrado de causas y los recursos son escasos, en 37 días corridos debería celebrarse la audiencia de juicio”, recordó.
“Estimamos que debe ser este año, lo cierto es que será contemporáneo con la causa Revelación, que entiendo que tendrá preminencia en la celebración del juicio”, consideró.
“La Sala Penal o el Superior en pleno, que es lo mismo, deberá publicar una acordada para resolver la forma en que se sortearán los jueces entre todas las circunscripciones y colegios penales de la provincia”, subrayó en torno al tribunal de juicio.
“La gente de Royal Canin podría venir personalmente a declarar u optar el sistema de video conferencia, que es de uso habitual, y creo que van a optar por la segunda opción”, adelantó.
“Los cuatro imputados llegarán en libertad al juicio, salvo alguna medida de protección a testigos, no se aplicaron ninguna otra medida de coerción”, aclaró.
“Cuando hicimos las inspecciones oculares en los depósitos de Rawson a Playa Unión, no encontramos ninguna bolsa”, insistió Iturrioz sobre el final.
