Elevaron a juicio oral a Eguillor por negociaciones incompatibles

Este miércoles se realizó la audiencia preliminar donde el juez Marcelo Nieto Di Biase resolvió elevar la causa contra Cristian Eguillor a juicio oral. Se trata de una casa en la que el ex presidente de SEROS está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública.

Al contador se le reprocha haber autorizado aumentos de prestaciones para la firma Tesla, de la cual formaba parte y por tener vínculos con los titulares de la firma.

En la audiencia el abogado defensor de Eguillor, Federico Ruffa, planteó que en la mayoría de los casos del directorio de SEROS los integrantes eran prestadores de la Institución y que los aumentos en las prestaciones se daban para todos los proveedores.

Tras la audiencia se expresó en contra de lo resuelto por el juez al considerar que “la acusación no reunía elementos previstos en código procesal penal –pero- ahora vamos a tener que discutirlo en un juicio oral, donde descontamos que va a haber una absolución”.

“Expusimos que lo que sucedió no constituye un delito”, remarcó y planteó que “si quien presidía SEROS porque tenía algún vínculo contractual con un prestador, implica incurrir en el delito de negociaciones incompatibles, esto llevaría a pensar que todos los anteriores miembros de los directorios que eran prestadores” incurrieron en esta acción.

“La mayoría del directorio es puesto por el Ejecutivo, y la mayoría son personas vinculadas al servicio de salud e incluso en algún momento fueron prestadores o dueños de algún centro. A nadie se le ocurrió pensar que estaban en una situación de negociaciones incompatibles ni adentro del instituto ni afuera”, replicó.

Subrayó que “hay ejemplo más llamativos –como- en el Poder Judicial, la Corte Suprema otorga aumentos para todos los empleados y dentro están los familiares de los integrantes de la Corte –siguiendo con su análisis, sostuvo que- debería caerles el mismo reproche”.

De esta forma planteó que “estamos hablando de aumentos para todas las resonancias magnéticas –que- coincide además con otro aumento que se otorgó el mismo día, por el mismo aumento, a todas las practicas medicas”.

“Es decir que todos los prestadores de SEROS ese mismo día recibieron el mismo aumento –y- pensar que alguien intentó alterar el funcionamiento del organismo para beneficiar a una empresa en particular, es un poco descabellado”, sentenció.

Consideró que hay cierta animosidad en investigar a su defendido, al repasar que “el fiscal Rodríguez plantea cierta incomodidad –ya que- es un medio chico donde determinado rango etario y grupos sociales se conocen todos”.

“Es valorable lo que expone, pero el contador Eguillor está siendo sometido a diversos procesos desde marzo de 2018 y hasta ahora no se ha llegado a endilgarle ninguna conducta ilícita”, subrayó y replicó: “Imagínese esa incomodidad”.

“Al contador lo allanaron por supuestas vinculaciones con la causa Embrujo, derivó en una causa por negociaciones incompatibles que después la Fiscalía desistió, a los pocos meses comenzó este proceso y son situaciones no deseables para nadie”, insistió.

“No sé si es una persecución pero sí una incomodidad a cualquier persona que esté sometida a proceso ya casi a los 2 años”, apuntó.

Por su parte, el fiscal Omar Rodríguez, defendió su postura y la investigación realizada. Se refirió a la “incomodidad” que planteó en la audiencia y remarcó que “en el rol de fiscal es incómodo acusar a personas conocidas. No soy amigo pero en esta comunidad chica uno se encuentra y comparar amigos en común”.

Yo voy a cumplir con la ley, no casos más chicos o más grandes –y- en función de la prueba que hay esto tiene que ser debatido en juicio oral. Si el tribunal resuelve que no hay delito, será la Justicia. Pero en este tipo de conductas, lo más sano para la sociedad son los juicios”.

Precisó que “lo que protege el artículo 265 es el debido, fiel e imparcial del desempeño de funcionario público. Indudablemente esta imbuido en una cuestión ética pero es un delito penal: El funcionario no pude interesarse en otra cuestión que se amas allá de la voluntad estatal”, sentenció.

Cuando un funcionario está actuando guiado por interés personal, indudablemente ha dejado de lado la función pública para enrolarse en esa situación-explicó y remarcó que- tenemos todas las pruebas para acreditar que él tenía interés en Tesla y beneficiarlo a través de este aumento”.

El fiscal insistió en subrayar que “acá no se trata de una secesión de hechos o si el aumento es cuantioso, lo que la conducta reprocha es un interés particular: Él se interesó y utilizó a otro contador que figuraba en la empresa Tesla para no figurar él. Cuando firma la resolución  aumentados e materializa el interés”, sentenció.

También se refirió al planteo del abogado Ruffa que sostuvo que hay otros casos anteriores de similares características y manifestó que “no me consta –pero- lo que digo, y hay jurisprudencia, si estoy en un directorio y soy prestador del Estado, no puedo firmar, me tengo que apartar”.

“Lo que dijo el abogado lo dijo a modo genérico, no dio hechos precisos para salir y verificar esta situación. Si eso ocurrió pude encuadrar en la figura del artículo 265”, replicó.