Barbagallo se contactó a través de Federico Piccioni (imputado en la causa “Revelación”) con Diego Correa para la construcción de consultorios médicos en la calle Mitre de Rawson por honorarios de 800.000 pesos para proyectar y ejecutar la obra en cercanías de la XIV Agrupación Chubut de Gendarmería Nacional.
Las tareas y los pagos fueron coordinados con Correa y Luters. El constructor era de apellido Rafael. Dijo que la cara visible de la coordinación de la obra en cuanto a las tareas administrativas, era el imputado Sandro Figueroa.
Todo siguió tal lo pautado hasta que mantuvieron un entredicho con un terreno vecino por inconvenientes en el movimiento de suelos. Los aspectos legales, estuvieron a cargo del estudio jurídico de Diego Martínez Zapata, con la intervención además del contador Federico Gatica, otro de los imputados en la asociación ilícita ahora llevada a juicio.
Cuando el objetivo del edificio pasó de oficinas a consultorios médicos, los honorarios de Barbagallo debieron reformularse. El terreno era propiedad de Mezeta Consultin, el metro cuadrado fue valuado en 1.500 dólares en cuanto al costo de la construcción. Se esperaba una reventa al doble de ese valor. Además de subsuelo, se habían proyectado tres plantas. A más tardar en dos años la obra estaría concluida.
Pero la investigación comenzó a atrasar los pagos hasta que con las detenciones, los suspendieron. Barbagallo y el constructor Rafael comenzaron entonces a reclamarle los pagos a Gatica. Este prometió continuar con las tareas, pero al producirse su detención, los trabajos se paralizaron definitivamente.
LAS OBRAS PÚBLICAS DE DUAL CORE Y LAS DUDAS DE LOS FISCALES SOBRE LAS ADJUDICACIONES
La cuarta jornada del juicio oral y público de la causa se había iniciado este martes con los testimonios de funcionarios del área de Obras Públicas de la provincia.
La estrategia de los fiscales generales Alex Williams y Omar Rodríguez fue la de demostrar cómo a través de la empresa Dual Core, el grupo investigado ejecutaba obras públicas auto adjudicadas simulando compulsa de precios.
Raúl Martínez es un maestro mayor de obras con funciones en el área de Obras Públicas de la provincia. Fue el primer testigo de la cuarta jornada del juicio que se realiza en la Oficina Judicial de la ciudad de Rawson.
Dio cuenta de contratos que realizaba la provincia con la empresa Dual Core que representada, por el imputado Juan Carlos “Tato” Ramón, para ejecutar obras en dependencias del Estado. Al momento de plantear los fiscales la exhibición de documentos públicos, a instancias del defensor Omar López, el Tribunal no permitió en determinadas circunstancias la exhibición de esos expedientes.
Las obras estaban relacionadas con reparaciones a viviendas oficiales, reparación de escuelas, el Salón de los Constituyentes en Casa de Gobierno, climatización en las dependencias de la Fiscalía de Estado, entre otras obras públicas. “Sabía que la empresa era de “Tato”, pero me llamó la atención que uno de los contratos figuraba el nombre de una mujer. Luego supe que era la señora Souza (en alusión a Daniela Souza, otras de los imputados en el juicio)”, indicó el testigo en medio de un interrogatorio plagado de observaciones y oposiciones por parte de algunos de los defensores.
Ante preguntas del defensor Omar López, el testigo dijo que las obras se culminaron de acuerdo a los términos del contrato. Aseguró también que Ramón, unos años antes a las contrataciones, el mismo Ramón, había sido su jefe.
CONCRETANDO
Los expedientes y las preguntas de los fiscales llevaron al testigo a afirmar que en algunas de las obras, la empresa Dual Core competía en precios con otra empresa llamada “Concretando” que también Ramón había creado personalmente años atrás. Afirmó además que en algunos casos y según los montos, se pedían varias presupuestos, pero que la contratación finalmente resultaba ser directa.
El segundo de los testigos fue Adrián Márcico que trabajo en el área obras por administración del Ministerio de Infraestructura de la provincia. Afirmó que se trata de la contratación directa sobre la base de un listado de empresas a las que se les pide presupuesto.
“La ley no indica que haya que contratar a la empresa más económica, sino a la más conveniente”, destacó el testigo. Dijo que conoció a Ramón de su paso por esa dependencia, como responsable máximo. Inmediatamente reconoció los expedientes para reparaciones de viviendas oficiales confirmando lo expresado por el testigo anterior, en el sentido de que la empresa Dual Cuore competía en la reparación de las viviendas oficiales, con la empresa “Concretando” de propiedad del imputado Ramón.
LA MISMA HUMEDAD
También los fiscales le mostraron al testigo fotografías de daños en una vivienda oficial que eran usadas para generar la necesidad de reparar otras por parte de la empresa Dual Cuore. “Las fotos son iguales”, dijo el testigo ante preguntas de los fiscales cuando le mostraron la foto de una pared con una gran mancha de humedad. Las reparaciones y tareas de mantenimiento de las viviendas oficiales eran autorizadas desde la Unidad Gobernador que conducía Diego Correa. En cuanto a la selección de las obras y la necesidad de reparar las casas, están implicados Rubén Reinoso y Cristian Gisande.
Fuente: Ministerio Público Fiscal.
