El fiscal de Comodoro Rivadavia, Héctor Iturrioz, dio detalles a Radio 3 de la causa en la que se investiga fraude contra la Administración Pública en el manejo de los daños que provocó la Emergencia Climática en la Ciudad Petrolera en 2017.
En este sentido, recordó que la causa investigó la contratación de maquinaria y trabajadores “fantasmas” para trabajar en el retiro de barro y agua, tareas que nunca se realizaron.
En esta línea, remarcó que el plazo de investigación se extiende hasta el 27 de julio y aclaró que “la prórroga se pidió para demostrar la connivencia entre empresarios y funcionarios”.
Subrayó así que desde la Fiscalía “la materialidad de los ilícitos los tenemos plenamente acreditados. Ahora falta establecer vínculos entre los actores, que darían cuenta de una connivencia”.
El Fiscal precisó que la causa tiene 10 personas imputadas, entre ellas, “los 2 ex funcionarios municipales, Abel Boyero y Rubén Palomeque, quien está fuera del país. Después son funcionarios de 2º rango y empresarios”. Iturrioz subrayó que con el material reunido, incluso “se pueden llegar a sumar otros” imputados al caso.
Sobre la investigación en sí, explicó, se basa en la “gestión de la emergencia. Lo que se investigó fue el movimiento de suelo, lodo, barro y agua, y las máquinas utilizadas”.
Confirmó que “se estableció con certeza que el número fue inflado. Dijeron que trabajaron 10 máquinas y no trabajó ninguna. Que hubo choferes que trabajaron 24 horas y no conocen ni siquiera la ciudad”. Incluso “hubo empresarios que contrataron maquinaría a otras empresas para trabajar pero esa maquinaria nunca estuvo en Comodoro”.
“Esa parte de la investigación está acreditada. Estos desmanejos en la gestión de la Emergencia están acreditados. Incluso había gente que decía trabajar 15 días seguidos, 24 horas seguidas; y esto quedó demostrado que no fue así”, enfatizó.
El fiscal remarcó que “hicimos muchos allanamientos y se secuestró documentación como nunca antes en una causa. En principio hay evidencia suficiente para sostener que había vínculos más allá de lo empresarial-Administración Pública entre funcionarios y empresario”.
Sobre el final, remarcó que las penas que se esperan “son de cumplimiento efectivo porque son muchos los hechos en concurso real de fraude a la administración pública”, añadiendo que el juicio podría realizarse a principios del 2022.
