Emergencia Climática I: Solicitaron declarar responsables a todos los imputados

El fiscal Cristian Olazabal solicitó que se declare penalmente responsables a varios imputados por fraude a la Administración Pública durante la emergencia climática de 2017 en Comodoro Rivadavia.

En el marco del juicio por la causa «Emergencia Climática I» que se desarrolla en los tribunales penales del barrio Roca en Comodoro Rivadavia, el fiscal Cristian Olazabal solicitó este miércoles que se declare la responsabilidad penal de todos los imputados por el delito de fraude a la Administración Pública. El juicio, que ya está en su sexta semana, continuará este jueves con los alegatos finales de las defensas.

El fiscal Olazabal consideró que durante el debate se acreditaron tanto la materialidad como la autoría de los hechos por parte de los imputados. Solicitó al tribunal que se declare penalmente responsables de «fraude a la Administración Pública» a Gonzalo y Cristian Pérez, Roberto Monasterolo, Javier Morales, Julián Astiz y Cristian Hernán Lobos Rozas. Según Olazabal, los imputados habrían cometido conductas fraudulentas en perjuicio del municipio local, contando con la participación de supervisores que certificaron trabajos inexistentes y horas de trabajo no realizadas, facilitando que los empresarios obtuvieran la declaración de acreencia de legítimo usuario por parte del Ejecutivo municipal.

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En su alegato final, Olazabal afirmó que «faltan personas sentadas en calidad de acusados», sugiriendo que altos funcionarios municipales también deberían ser responsabilizados. Indicó que tras la declaración de emergencia climática por el Consejo Deliberante, se facultó al intendente a realizar contrataciones directas, delegando estas tareas en los secretarios Boyero y Palomeque. Sin embargo, el 5 de octubre, el Consejo Deliberante habría incorporado requisitos adicionales mediante una ordenanza para facturar los trabajos, los cuales fueron vetados por el Ejecutivo.

El fiscal destacó que el Estado Nacional, que había adelantado 62 millones de pesos del Tesoro, advirtió inconsistencias en las facturas presentadas por Comodoro y habría decidido no adelantar más fondos. Además, el Tribunal de Cuentas Municipal habría detectado irregularidades en los expedientes, como la certificación de trabajos por 24 horas.

El defensor de Astiz y Monasterolo argumentó que la fiscalía no habría podido probar la responsabilidad penal de sus clientes, que Julián Astiz no era el socio gerente de Astoil y que era necesaria una pericia caligráfica y contable para probar cualquier vínculo. Sostuvo que, aunque hubieran habido irregularidades, estas no se traducirían en delito debido a la falta de pruebas idóneas, solicitando la absolución de sus defendidos.

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La investigación se originó a raíz de la tormenta denominada «ciclón extra-tropical» que azotó Comodoro Rivadavia entre el 29 de marzo y el 9 de abril de 2017. La precipitación de casi 400 mm de agua causó graves daños en la ciudad, anegando calles y viviendas. El 5 de abril de 2017, el Consejo Deliberante local declaró la emergencia económica, social y administrativa, permitiendo al Ejecutivo local contratar directamente a empresas para remover el lodo resultante de la tormenta.

Se habrían contratado 197 empresas para realizar estos trabajos, pero descubrieron que muchos de los partes diarios estaban fraguados y los pagos habrían sido autorizados por los funcionarios Boyero y Palomeque. Entre los imputados se encuentran Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero, Rubén Palomeque, Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.

Fuente: Ministerio Público Fiscal.

Foto: Captura de video.