Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió un dictamen favorable para un proyecto que promueve atender la situación de los tomadores de créditos UVA, y que plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores.
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La iniciativa acordada entre el FDT, Provincias Unidas, Interbloque Federal y la UCR consechó 31 firmas en Presupuesto y 19 en Finanzas con 10 disidencias parciales, en su mayoría pertenenientes a los legisladores radicales.
El diputado de Evolución Radical Martín Tetaz anticipó que presentará un dictamen de minoria en rechazo a la inclusión de un Fondo Compensador.
De todos modos, el proyecto cosechó un nivel de respaldo mayorítario, lo cual le asegura su sanción cuando la iniciativa se debata en la primera sesión que se realice en la Cámara de Diputados.
La decisión se adoptó en un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), y de Finanzas, a cargo de Alicia Aparicio (Frente de Todos), que debatieron un dictamen consensuado basado en los 11 proyectos presentados por diputados de diferentes bancadas.
Al iniciar la reunión, Aparicio recordó que se escucharon «distintas posiciones de tomadores de créditos, de los bancos para arribar a consensos que permitan solución posible para llevar alivio a las familias de los tomadores de crédito». «Esperamos que tenga el mayor apoyo posible que nos permita llevar el tema al recinto», afirmó el legislador, tras lo cual detalló los principales ejes del texto.
Entre los 11 proyectos hay una iniciativa del radical Julio Cobos, quien realizó sin embargo una serie de observaciones al dictamen de consenso aunque anticipó que respaldará el texto al que se arribó, al sostener que «es conveniente sacarlo aunque sea con disidencias porque va a ser el principio de solución».
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El proyecto ofrecerá a los deudores con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y Unidades de Vivienda (UVI), destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente un sistema de cobertura, mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste mediante un indice actualizable por Ripte (salarios).
En los meses que el Ripte se encuentre por arriba del IPC, pagarán siempre el índice más bajo, en tanto que el cómputo será retroactivo al 1 de enero de 2023.
A través de la iniciativa, se propone que, en el momento de ejercer la opción, la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores.
Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.
Además, el proyecto prevé en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.
Por otra parte, el proyecto establece la suspensión de juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas, construidas o ampliadas por un año.
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En tanto, a través de una campaña de recolección de firmas lanzada de manera online (http://change.org/ModifiquenCreditosUVAYA), más de 47.000 personas se sumaron al reclamo de «un cambio en el modo de indexar las cuotas» y la aplicación de «un índice de incremento salarial como los nuevos créditos Procrear».
Fuente: Télam.
