Un empresario qatarí y Gastón Gaudio controlarán el uso del arroyo Baguales para generación de energía privada. Ambientalistas alertan sobre el impacto en los recursos hídricos de la región.
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El empresario Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, junto con el extenista Gastón Gaudio, han obtenido el control de tres centrales hidroeléctricas en el complejo Baguales, ubicado entre Bariloche y El Bolsón, para generar energía a partir del arroyo Baguales. La autorización del gobierno de Río Negro les permite explotar el recurso durante 30 años, aunque su uso exclusivo se limitará entre julio y septiembre.
La resolución de la Superintendencia General de Aguas de Río Negro establece que las plantas ChiBa I, II y III podrán turbinar hasta 350 litros de agua por segundo. Sin embargo, la concesión genera inquietud en la comunidad, ya que especialistas en conservación advierten que proyectos hidroeléctricos de pequeña escala pueden provocar impactos ambientales acumulativos si no son debidamente fiscalizados.
El caso de Baguales recuerda lo ocurrido con Lago Escondido, donde el magnate británico Joe Lewis controla la generación de energía hidroeléctrica en un territorio de difícil acceso para la población. La privatización de recursos hídricos en la Patagonia es un tema recurrente, ya que los permisos suelen beneficiar a inversores extranjeros sin consulta previa a las comunidades locales.
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Aunque la empresa asegura que no inyectará energía al sistema interconectado nacional y que la producción será exclusivamente para abastecer el desarrollo turístico de Baguales, el proyecto no generará beneficios para la población local, lo que refuerza la percepción de que los recursos naturales quedan en manos de grandes capitales sin retorno social.
El proyecto cuenta con un estudio de impacto ambiental aprobado en 2022, pero la documentación no ha sido puesta a disposición del público, lo que genera desconfianza en la comunidad. Organizaciones ambientalistas han exigido mayor transparencia y acceso a la información para evaluar los efectos reales en el ecosistema del arroyo Baguales.
Por su parte, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) asegura que el recurso será devuelto sin alteraciones, aunque la concesión establece que el Estado podrá restringir su uso en caso de reducción del caudal, lo que confirma la posibilidad de afectaciones al arroyo en épocas de menor flujo hídrico.
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Otro punto de debate es el canon que la empresa deberá pagar a la provincia, que se fijó en 16% sobre la generación bruta, una tasa superior al 12% aplicado en la región del Comahue. Esto ha generado interrogantes sobre los criterios utilizados para definir las regalías y si realmente representan un beneficio tangible para la provincia.
La entrega de recursos estratégicos a capitales extranjeros se da en un contexto donde la sequía avanza y los incendios forestales se intensifican en la región. Mientras tanto, los permisos para la explotación hídrica siguen otorgándose sin un plan de manejo integral, lo que aumenta las preocupaciones sobre sostenibilidad y soberanía ambiental.
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Sectores ambientalistas y comunitarios reclaman mayor participación en las decisiones sobre el uso de los recursos naturales. La falta de debate público y el avance de un modelo extractivista ponen en riesgo la soberanía sobre el agua y la energía, generando conflictos territoriales cada vez más frecuentes en la Patagonia.
La concesión de Baguales abre nuevamente la discusión sobre el control del agua en la región: ¿se trata de una inversión beneficiosa o de una nueva privatización de los bienes comunes? Mientras el gobierno lo presenta como una muestra de confianza del capital extranjero, la comunidad lo percibe como otro capítulo en la entrega de recursos naturales sin consulta ni transparencia.
Fuente: eldiarionuevodia
Foto: Runrún Eléctrico
