«Queda aprobada la reforma», anunció el presidente del Senado, Ander Gil, luego de que fueran rechazadas todas las enmiendas propuestas y se validara el texto con los votos del PSOE (Partido Socialista) y el PP (Partido Popular), informó la agencia de noticias AFP.
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El tratamiento de esta reforma dejó en evidencia las profundas divisiones de la coalición de izquierda en el poder, a un mes de las elecciones municipales y regionales del 28 de mayo y a menos de ocho meses de las legislativas en las que la derecha aparece como favorita en la mayoría de encuestas.
Al igual que en el Senado, en Diputados la reforma fue aprobada, la semana pasada, gracias al respaldo del PP.
«Han conseguido un retroceso en los derechos de las mujeres en la parte penal», criticó la ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido de izquierda Podemos, impulsor de la ley y opuesto a la reforma propuesta por sus socios socialistas.
La ley, conocida como «Sólo sí es sí», entró en vigor en octubre de 2022.
La reforma pretendía endurecer la anterior legislación, eliminando los abusos, con penas más leves, y convirtiendo todos los delitos sexuales en agresiones.
Pero para eso, los legisladores modificaron el marco de penas, rebajando algunos mínimos y máximos, lo que tuvo la consecuencia indeseada de que, como en España se aplican retroactivamente las nuevas leyes si benefician al preso, se revisaron a la baja numerosas penas.
Así, casi mil delincuentes sexuales convictos vieron sus penas reducidas y más de un centenar fueron excarcelados, según datos de los tribunales, lo que desató un gran escándalo en el país.
Consciente del riesgo político en este año electoral, Sánchez busca extinguir la polémica con esta reforma, que en esencia aumenta las penas para los casos en los que haya violencia o intimidación.
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Podemos, que siempre ha defendido que la ley estaba bien redactada, pero estaba siendo malinterpretada por jueces «machistas» que rebajaban penas de delincuentes sexuales, afirma que la reforma vuelve a priorizar la existencia de violencia o intimidación, en vez del consentimiento, como elementos cruciales para determinar la existencia de una agresión.
Fuente: Télam.
