El Consejo de Ministros dividió las medidas en dos textos: uno con solo la renovación automática de contratos, reclamada por los sindicatos de inquilinas, y otro con prórrogas, congelación de rentas y protección frente a desahucios.
El Consejo de Ministros de España aprobó este martes dos decretos ley en materia de vivienda. Uno de ellos contiene únicamente la renovación automática de los contratos de alquiler, una medida que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, y por extensión Sumar, exigía desde el viernes, según fuentes conocedoras del texto citadas por EFE.
Esa renovación implica que los arrendadores deberán acreditar una causa justificada para no renovar un contrato. Si no lo hacen, tendrán que indemnizar al inquilino. Los sindicatos habían propuesto que esa compensación equivaliera a un mes por cada año de residencia en la vivienda.
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El Ministerio de Vivienda se había negado a incluir esa medida en su decreto por dos razones: consideraba que el PNV y Junts nunca la respaldarían y sostenía que no podía calibrar su alcance, porque no había podido elaborar informes. Fuentes socialistas se quejaron además de que Sumar sumara ese «elemento de última hora», que, según dijeron, desmontaba el trabajo de meses. Por eso, los socios acordaron finalmente aprobar dos decretos.
El segundo texto reúne el resto de las medidas pactadas con los grupos parlamentarios, entre ellas la regulación del alquiler de habitaciones, que hasta pocas horas antes había quedado fuera. Según esas fuentes, esa regulación no se aplicará en Cataluña, que cuenta con su propia normativa a través del Código Civil, una salida pensada para atraer a Junts al acuerdo.
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El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, detalló en la red social Bluesky que este segundo decreto establece una prórroga de dos años para los contratos que vencen hasta 2029, además de la congelación de las rentas en las actualizaciones anuales.
Bustinduy destacó también que el paquete incluye medidas de protección frente a los desahucios, la regulación del fraude de temporada, de las habitaciones y de los pisos turísticos, y la prohibición de compra para los llamados fondos buitre.
Para acelerar su entrada en vigor, el Ejecutivo pidió al Congreso de los Diputados la celebración de un pleno extraordinario este viernes. El objetivo es la convalidación inmediata de ambos decretos, «debido a la importancia de estas medidas», según indicaron fuentes del Gobierno.
Con información de EFE.
