El Gobierno español dispuso ocupar un sector de 16.000 metros cuadrados del puerto para montar instalaciones temporales con capacidad para más de 1.000 personas, luego de que la autoridad portuaria local rechazara la medida.
El Gobierno de España tomó el control de un sector del puerto de Ceuta para instalar carpas destinadas a la atención temporal de migrantes. La medida fue dispuesta este sábado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, después de que la Autoridad Portuaria de Ceuta se pronunciara en contra del proyecto.
La orden habilita el uso de una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario en la zona del muelle de Poniente. Allí se prevé instalar estructuras con capacidad para más de 1.000 personas, en medio de la situación generada por la llegada masiva de migrantes a la ciudad durante julio.
En paralelo, las autoridades completaron el traslado de unas 290 mujeres y niñas que permanecían alojadas en un polideportivo. Fueron trasladadas en autobuses municipales a una nave cerrada ubicada en el polígono industrial del Tarajal, con presencia de efectivos de la Policía Nacional para garantizar la seguridad durante el operativo.
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El Gobierno de Pedro Sánchez busca ampliar progresivamente la capacidad de los dispositivos de atención humanitaria hasta alcanzar unas 6.000 plazas temporales. El objetivo es alojar a las personas que todavía permanecen en calles y montes de Ceuta mientras se realizan los procedimientos de identificación y se resuelve la situación administrativa de cada caso.
Mientras tanto, continúan las obras para acondicionar otros espacios de acogida. Una de las zonas se encuentra junto a la escuela infantil Nuestra Señora de África, una ubicación que generó protestas de vecinos, trabajadores y familias debido a la proximidad con el establecimiento educativo, que tiene previsto abrir el 28 de septiembre y recibirá a unos 176 niños de entre 0 y 3 años.
La instalación de los dispositivos también provocó reclamos sindicales. CCOO pidió una alternativa que permita atender a los migrantes sin afectar la tranquilidad de las familias ni el funcionamiento de los servicios públicos, mientras que CSIF reclamó una evaluación de riesgos y garantías de seguridad antes de la apertura de la escuela infantil.
Con información de EFE.


