El Gobierno de Estados Unidos incorporó a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, a su lista de entidades sancionadas. La medida amplía las restricciones que la administración de Donald Trump había aplicado previamente a funcionarios del tribunal y establece bloqueos de activos y limitaciones para determinadas transacciones vinculadas con la institución.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó la decisión al afirmar que Washington busca limitar los recursos y la capacidad operativa de la corte. También sostuvo que el presidente Trump no permitirá que la CPI juzgue a ciudadanos estadounidenses y recordó que Estados Unidos no integra el Estatuto de Roma.
Junto con la designación, el Departamento del Tesoro emitió cuatro licencias generales para autorizar determinadas operaciones relacionadas con el tribunal. Entre ellas figura un permiso de 180 días para actividades necesarias para mantener sus operaciones, además de excepciones vinculadas con servicios informáticos, el sistema de pensiones y las actividades relacionadas con personas detenidas.
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Según el Departamento de Estado, el plazo de seis meses busca dar tiempo a los países miembros para avanzar en soluciones diplomáticas y legales frente a las objeciones de Washington. Las nuevas sanciones se suman a las impuestas desde febrero de 2025 contra más de una decena de personas vinculadas con la CPI, incluida su presidenta, Tomoko Akane.
La administración estadounidense cuestiona la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos de Estados Unidos e Israel. Las tensiones se profundizaron luego de que la CPI emitiera en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con el conflicto en Gaza.
La Corte rechazó las sanciones y afirmó que tiene competencia para investigar presuntos delitos cometidos en territorios de Estados miembros, independientemente de la nacionalidad de los acusados. La Unión Europea y el Gobierno de Países Bajos también cuestionaron la decisión estadounidense y expresaron su respaldo al tribunal, mientras las autoridades neerlandesas señalaron que las sanciones no entrarían en vigor de inmediato y que los proveedores podrían continuar prestando servicios.
