Foto: Ministerio Público Fiscal Chubut.
La maniobra habría ocurrido entre abril de 2023 y febrero de 2024 y, según la investigación, habría afectado al menos a 594 personas. El fiscal Martín Cárcamo pidió que el caso sea elevado a juicio por jurados.
El fiscal de Comodoro Rivadavia, Martín Cárcamo, confirmó este viernes que el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló la acusación pública contra cinco mujeres por una presunta estafa vinculada con la oferta irregular de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La maniobra habría ocurrido entre abril de 2023 y febrero de 2024 y, según la investigación, habría afectado al menos a 594 personas. La Fiscalía solicitó que el caso sea tratado en un juicio por jurados.
De acuerdo con la acusación, Vanesa Elizabeth Fita (hermana del diputado provincial de Chubut y presidente del Partido Justicialista en Chubut, Gustavo) habría simulado ser intermediaria y organizadora de una cooperativa de viviendas, además de afirmar que tenía vínculos con funcionarios provinciales. Según Cárcamo, las casas ofrecidas eran construidas o estaban próximas a construirse, pero la imputada no contaba con autorización legal ni recursos suficientes para concretar las adjudicaciones.
La operatoria consistía en exigir un pago inicial de 100.000 pesos y luego el abono de cuotas. Tras realizar los pagos, los interesados eran incorporados a grupos de WhatsApp en los que recibían información y participaban de reuniones que, según la hipótesis fiscal, permitían sostener la promesa de entrega de las viviendas. “Esta maniobra ha alcanzado, a criterio del Ministerio Público Fiscal, o ha damnificado cuanto menos a 594 personas”, sostuvo el fiscal.
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Para respaldar la acusación, la Fiscalía reunió 80 denuncias y digitalizó alrededor de 700 gigabytes de información bancaria y comunicaciones obtenidas durante la investigación. Cárcamo explicó que se analizaron cuentas bancarias, billeteras virtuales y teléfonos secuestrados, además de documentación vinculada con el IPV. Según indicó, los movimientos de dinero examinados superaron los 60 millones de pesos.
“En base a la evidencia reunida, hemos podido detectar cuanto menos aproximadamente unas 400 maniobras, específicamente acreditadas en su totalidad”, afirmó el fiscal. Según detalló, esas operaciones fueron cotejadas con comprobantes de depósitos y transferencias y con los ingresos registrados en las distintas cuentas. Señaló también que la investigación descartó la participación de funcionarios públicos y que las imputadas no habrían tenido capacidad económica para desarrollar el emprendimiento habitacional.
La acusación atribuye a Fita al menos 594 hechos de estafa por calidad simulada e influencia mentida; a Lucía Lorena Miranda, 130; a Gisela Belén Mansilla, cuatro; a Camila Páez, 300; y a María Victoria Curán, 400, de acuerdo con el detalle brindado por la Fiscalía. Cárcamo solicitó un juicio por jurados para determinar las responsabilidades penales. Antes deberán cumplirse las instancias procesales previstas, incluido el traslado de la acusación a las defensas y la audiencia intermedia.
