«Hemos alcanzado el veredicto», informaron los doce miembros del jurado al juez instructor Brian Cogan, quien leyó los cargos de los que se lo declaró culpable de enviar toneladas de cocaína de México a Estados Unidos cuando era ministro de Seguridad entre 2006 y 2012. Antes, de 2001 a 2006, fue director de la agencia Federal de Investigaciones de México, informó la agencia AFP.
Los delitos imputados son participar en empresa criminal continuada, conspiración para distribuir, poseer e importar cocaína y falsedad documental.
Tras enunciar cada cargo, el juez leyó: «culpable». Una vez leído el resultado de tres días de deliberaciones tras casi cuatro semanas de juicio en el Tribunal Federal de Brooklyn, Cogan preguntó a cada uno de los 12 jurados (siete mujeres y cinco hombres) si estaba de acuerdo con el resultado. Todos respondieron «sí».
Su esposa Cristina Pereyra y sus dos hijos estuvieron presentes en el veredicto que escuchó el reo impertérrito.
García Luna, el exfuncionario mexicano de más alto rango que se sienta en el banquillo de la justicia estadounidense, estaba acusado de proteger al cartel de Sinaloa de Joaquín Chapo Guzmán a cambio de millonarios sobornos para enviar droga a Estados Unidos.
La Fiscalía lo acusa de haber ayudado a introducir en torno 53 toneladas de cocaína en Estados Unidos.
Para el Ministerio Público, este ingeniero mecánico de 54 años, quien podría pasar el resto de su vida entre rejas, fue «socio criminal» del cartel de Sinaloa, mientras que para la defensa fue la «cara de la guerra» que libró contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
Varios de los testigos, antiguos miembros prominentes del cartel de Sinaloa, como Jesús «Rey» Zambada, Sergio Villarreal «El Grande» u Óscar «Lobo» Valencia -que colaboran con la justicia estadounidense a cambio de reducir sus penas-, aseguraron durante el juicio que habían pagado millones de dólares al acusado.
También lo habría hecho Arturo Beltrán Leyva, quien según algunos de estos testigos, hacía colectas para recaudar dinero de las diferentes facciones para pagar mensualmente al poderoso «superpolicía» a cambio de protección.
Sin la colaboración al «más alto nivel del gobierno mexicano», la «operación multimillonaria» del cartel, que se sirvió de trenes, aviones, barcos, contenedores o submarinos para importar toneladas de droga de Sudamérica a través de aeropuertos -en particular el de Ciudad de México, puertos o carreteras con destino final a Estados Unidos, «hubiera sido imposible de llevar a cabo», estimó la fiscal Saritha Komatireddy.
La defensa que trató de descalificar la fiabilidad de muchos testigos que se han beneficiado de reducción de penas a cambio de colaborar con la justicia, trató de convencer al jurado de que «no ha pruebas de que recibió dinero».
El 9 de febrero, las autoridades mexicanas dijeron el jueves que el ex alto funcionario de seguridad Genaro García Luna malversó hasta 745,9 millones de dólares de contratos de tecnología del gobierno.
Pablo Gómez, jefe de la unidad contra el lavado de dinero de México, dijo que García Luna y sus asociados crearon empresas que obtuvieron 30 contratos gubernamentales dudosos mientras él era el principal funcionario de seguridad de México.
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