Titan Consortium intensificó su ofensiva judicial en Estados Unidos en el marco del litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, donde reclama el pago de una sentencia firme por US$390,9 millones. La firma busca avanzar sobre activos argentinos en el exterior ante el incumplimiento del Estado.
El reclamo se sustenta en un laudo del CIADI que fue posteriormente reconocido por tribunales estadounidenses, lo que habilitó la posibilidad de ejecución forzosa. Según especialistas, la Argentina acumula más de un año de demora en el cumplimiento del fallo.
El foco de los demandantes está puesto en activos vinculados a los antiguos bonos Brady, depositados en la Reserva Federal de Nueva York. Estos fondos también forman parte de la estrategia del Gobierno para afrontar otras obligaciones externas.
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La superposición de reclamos de distintos acreedores complejiza el escenario judicial y financiero, ya que los activos disponibles no alcanzan para cubrir la totalidad de las demandas vigentes.
La disputa ahora queda en manos de tribunales de Washington y Nueva York, donde se definirá el alcance de los embargos solicitados por la firma.
El caso reabre el debate sobre la exposición de activos soberanos argentinos en el exterior frente a fallos internacionales y su impacto en la estrategia de financiamiento del Estado.
