El caso involucra a Javier Vázquez, un empleado municipal de la ciudad de Río Grande que solicitó un crédito de $ 3 millones para la compra de su vivienda y luego de pagarlo durante 4 años ahora adeuda $ 19 millones, mientras que el valor de la cuota pasó de afectar el 13% de sus ingresos, a representar el 52%.
Vázquez inició un reclamo ante la Justicia al igual que otros 200 fueguinos litigantes por el mismo tema en la jurisdicción, y solicitó una medida cautelar que fue rechazada en primera instancia por el juez civil Pablo Vozzi.
Sin embargo, la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, integrada por los jueces Francisco Capellotti, Daniel Satini y Luciana Gutiérrez, revirtieron el criterio y ordenaron al Banco de Tierra del Fuego abrir una instancia de negociación en el término de 15 días y evitar que “el pago de la cuota del crédito hipotecario tomado supere el 35% de los ingresos” familiares.
La resolución hizo hincapié en el déficit habitacional y en los tratados de jerarquía constitucional que obligan al Estado a adoptar medidas positivas en defensa de la vivienda familiar.
“Hay un grupo de fueguinos que decidió organizarse y ha promovido demandas grupales o personales ante la Justicia para enfrentar la indexación de este tipo de préstamos. Ellos estaban esperando una medida de protección de este tipo mientras se sustancia el juicio”, explicó a Télam el abogado Cristian Rubio, representante legal de Vázquez y de otras personas en su misma situación.
El letrado detalló que en el caso de los créditos UVA se han producido “circunstancias extraordinarias que modificaron el contrato original y que deben ser renegociadas”, y añadió que “lo que se está pidiendo es una revisión de estos contratos celebrados para la adquisición de vivienda única”.
“Por la aparición de circunstancias sobrevinientes que provocaron una alteración de las condiciones y derivaron en un muy dificultoso o imposible cumplimiento del contrato”, indicó Rubio.
También aclaró que las demandas no son en contra de los bancos otorgantes de los préstamos (que en un 73% son bancos públicos) sino del sistema de indexación de los créditos UVA.
“Hay un caso de otro empleado de Río Grande cuya cuota del préstamo es equivalente al total de su salario. Y se lo descuentan automáticamente, o sea que no cobra su sueldo. Por eso estamos pidiendo una renegociación con condiciones posibles y que garanticen la subsistencia de las personas”, enfatizó el abogado.
Por su parte, Andrea Torres, otra de las litigantes fueguinas contra los créditos UVA, opinó que el fallo judicial constituye “una luz de esperanza”, y aseguró que “da nuevas fuerzas para seguir peleando”.
“En octubre del año pasado pagábamos una cuota de $ 160.000 y ahora ya llegamos a $ 210.000. Vivimos de utilizar la tarjeta de crédito y de la familia que nos ayuda, sumado a que mi marido tiene una discapacidad y no puede dejar sus tratamientos”, contó Torres a FM La Isla de Río Grande, al tiempo que subrayó: “Sentimos mucha impotencia. Nos vendieron los créditos UVA como una solución y al final era una mentira descarada”.
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