El juez federal Ernesto Kreplak ordenó las medidas en el marco de la causa por el fentanilo adulterado que ya dejó varias muertes. La investigación apunta a un entramado societario vinculado a laboratorios y droguerías.
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La resolución judicial, firmada el 8 de julio, tiene por objetivo preservar el patrimonio de los involucrados ante posibles maniobras de ocultamiento de activos, fuga o entorpecimiento de la investigación. Todo comenzó tras una denuncia presentada por la ANMAT luego de que el Hospital Italiano de La Plata alertara sobre infecciones graves en pacientes que habían recibido el producto “Fentanilo HLB”.
La investigación apunta a un entramado societario complejo, que incluiría a HLB Pharma Group, Laboratorios Ramallo, y la Droguería Alfarma, como principales actores de la cadena de producción y distribución del fármaco contaminado. La resolución señala la existencia de «flujo patrimonial a gran escala» y múltiples irregularidades detectadas durante la producción y comercialización.
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Entre los implicados se encuentran Ariel García, titular de HLB Pharma, sus hermanos Diego y Damián García, su madre Nilda Furfaro, y su abuela Olga Arena, quien hasta hace poco figuraba como presidenta de la firma. También fueron alcanzados otros ejecutivos y responsables técnicos de las firmas involucradas.
Además, la medida alcanza a las empresas: HLB Pharma Group SA, Laboratorios Ramallo SA, Alfarma SRL, Regional Med SRL, Droguería Mayorista SA, Glamamed SRL, Nueva Era Rosario SRL, Surar Pharma SA, y Cables Epuyen SRL.
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La ANMAT suspendió temporalmente la autorización para que HLB Pharma y Laboratorios Ramallo produzcan medicamentos, luego de detectar un “desvío de calidad” en la fabricación del fentanilo. En paralelo, se notificó a registros de propiedad y automotores para evitar maniobras que pudieran poner en riesgo el avance de la causa.
Aunque aún no hay imputaciones formales, el juez Kreplak señaló que la evidencia recolectada hasta ahora —entre ellas, informes bacteriológicos que coinciden con los lotes contaminados y los pacientes afectados— impulsa a dictar medidas urgentes para preservar pruebas y bienes. Se espera que los peritajes finales determinen el grado de responsabilidad penal de los involucrados.
Fuente: TN
Foto: Archivo
