El tribunal intervendrá en la causa que investiga 111 muertes y 48 pacientes afectados por ampollas elaboradas por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. El foco inmediato está puesto en el pedido de libertad de José Antonio Maiorano.
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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal fue sorteada para intervenir en la causa por el fentanilo contaminado, el expediente que investiga la presunta muerte de 111 pacientes y la afectación de otros 48 tras la administración de ampollas producidas por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. En esta etapa, el tribunal deberá resolver el pedido de excarcelación presentado por la defensa de José Antonio Maiorano, director técnico del laboratorio, procesado con prisión preventiva como presunto coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte.
La investigación tramita en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, bajo el expediente FLP 17371/2025. Según la hipótesis judicial, los lotes 31202 y 31244 del Fentanilo HLB habrían sido contaminados con bacterias multirresistentes durante el proceso de fabricación. El medicamento, un opioide de uso frecuente en terapias intensivas y procedimientos quirúrgicos, fue distribuido en hospitales de distintas jurisdicciones.
El 29 de enero de este año, el magistrado remitió al Cuerpo Médico Forense un total de 159 casos consolidados: 111 fallecimientos y 48 sobrevivientes que desarrollaron infecciones asociadas al suministro del producto. La cifra representa un incremento respecto de los primeros 20 casos que motivaron la imputación inicial. Si el organismo confirma la nueva cuantificación, los acusados deberán volver a ser indagados.
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En el expediente ya hay 14 personas procesadas, entre ellas Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo; su hermano Diego García; su madre Nilda Furfaro, con prisión domiciliaria; y el propio Maiorano, señalado como responsable técnico de la producción y liberación de los lotes investigados. Las imputaciones incluyen adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración peligrosa para la salud, con penas previstas de 10 a 25 años de prisión.
El origen del caso se remonta al 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta nacional tras una denuncia del Hospital Italiano de La Plata, donde al menos 15 pacientes fallecieron luego de recibir el anestésico. El organismo prohibió el uso del lote cuestionado, clausuró las plantas y presentó la denuncia penal que dio inicio a la causa.
Las pericias bacteriológicas del Instituto Malbrán detectaron en las ampollas la presencia de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica. Según consta en el expediente, el proceso de fabricación fue considerado “poco robusto e inconsistente”, con fallas en el llenado y cierre de las ampollas.
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En paralelo, el Cuerpo Médico Forense analizó historias clínicas para determinar la relación causal entre la administración del fentanilo y los fallecimientos. En un primer informe sobre 40 casos, concluyó que en 38 la exposición a bacterias multirresistentes incrementó el riesgo de muerte. En otro análisis posterior de 23 historias, los peritos señalaron que en 22 no se remitió certificado de defunción y que en las actas figuraba como causa “enfermedad”, mientras que en un caso se consignó “shock séptico y falla multiorgánica”.
Hasta el momento, los peritos identificaron infecciones asociadas al producto en 52 de las 77 historias clínicas examinadas. En al menos 14 de los 23 casos evaluados en el último informe, se concluyó que los pacientes atravesaron procesos infecciosos vinculados a los gérmenes hallados en las ampollas, con un incremento del riesgo de muerte en cuadros de sepsis y falla multiorgánica.
La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, deberá ahora analizar si subsisten los riesgos procesales que justificaron la prisión preventiva de Maiorano o si corresponde otorgarle la excarcelación mientras continúa la instrucción. En paralelo, la Cámara Federal de La Plata tiene pendientes las apelaciones de otros procesados en una causa que ya supera las 6.000 fojas y se perfila como uno de los expedientes sanitarios más complejos de los últimos años en Argentina.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
