La Justicia ordenó la captura de Ariel Fernando García Furfaro, titular del laboratorio HLB Pharma. También fueron detenidos familiares, directivos y técnicos de las empresas vinculadas. El juez Kreplak investiga responsabilidades por los lotes de fentanilo contaminados que habrían agravado la condición clínica de pacientes y derivado en muertes.
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La investigación por el fentanilo contaminado sumó un giro clave: el juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención de Ariel Fernando García Furfaro, propietario de HLB Pharma, y de otros directivos y accionistas de la firma, así como de Laboratorios Ramallo S.A..
El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Gendarmería Nacional, quienes ejecutaron allanamientos simultáneos en distintos puntos del país. Entre los detenidos figuran los hermanos del empresario, Diego y Damián García, la madre de García Furfaro y vicepresidenta de HLB, Nilda Furfaro, y el director general de las compañías, Javier Tchukran. También quedaron bajo custodia los directores técnicos Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano, así como los accionistas de Ramallo, Horacio Tallarico y Rodolfo Labrusciano.
La decisión judicial respondió al pedido de la fiscal María Laura Roteta y del titular de PROCUNAR, Diego Iglesias, en el marco de una causa que investiga los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo, contaminados con las bacterias Klebsiella y Ralstonia. Según el informe del Instituto Malbrán, hubo “graves falencias estructurales” en el proceso de elaboración que permitieron que los medicamentos salieran al mercado en esas condiciones.
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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el operativo a través de redes sociales: “Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad”.
Por su parte, el Cuerpo Médico Forense entregó las primeras pericias sobre 20 historias clínicas de pacientes fallecidos. En 12 de los casos, la aplicación del fentanilo contaminado agravó de manera significativa la condición clínica de los pacientes, contribuyendo al desenlace fatal.
Los fiscales remarcaron que se trata de un caso de criminalidad compleja, con un entramado empresarial organizado y de gran impacto sanitario. Ahora, los acusados deberán responder en indagatoria por su presunta responsabilidad en la producción y distribución del fármaco adulterado que puso en riesgo la salud de miles de pacientes en todo el país.
Fuente y foto: Infobae
