La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó este jueves la Ley de Elecciones que determina la fecha definitiva -luego de dos postergaciones- de los comicios presidenciales para el 18 de octubre, casi un año después de que quedaran sin efecto los resultados de la votación de 2019 que llevaron al país a una crisis institucional aún no resuelta.
La nueva ley cuenta con el apoyo del depuesto expresidente Evo Morales pero no con el de la Central Obrera Boliviana (COB), organización que viene realizando bloqueos de ruta en rechazo a la última postergación de los comicios, previstos para el 6 de septiembre, a causa de la pandemia del coronavirus.
“Promulgo esta ley que confirma el 18 de octubre como fecha de la elección”, dijo Áñez en su discurso de promulgación del instrumento legal que fue trabajado durante una semana por representantes de diferentes organizaciones.
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró que con la norma se garantizan los comicios y que los movilizados ya no tienen «pretextos» para bloquear las rutas en señal de protesta.
La norma fue sancionada esta mañana, por unanimidad de los parlamentarios que asistieron a la sesión de la Asamblea, y por más de dos tercios de los legisladores que asistieron de forma virtual en la cita.
Morales manifestó su apoyo explícito a la ley, al asegurar que «blinda de chicanas» los comicios y evitará una «nueva masacre».
«La Asamblea Legislativa sancionó la ley que garantiza elecciones en Bolivia con un plazo, una fecha límite, definitiva, impostergable, que blinda de posibles chicanas con garantes internacionales; y lo que es más importante: evitará una nueva masacre», publicó Morales en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, el secretario Ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, anunció esta tarde que el ente matriz así como el Pacto de Unidad, rechazan la ley electoral. «Hoy hemos sufrido una traición, esta ley jamás se ha consensuado con el pueblo boliviano, nunca se nos ha tomado en cuenta», manifestó en conferencia de prensa.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, indicó que «las eleccionesestán garantizadas, y si esa era la demanda para la cual bloquearon caminos, entonces ya no hay justificativo para sostener esta medida».
Núñez se refirió así a la ola de protestas con cortes de ruta, convocadas por la COB y sectores afines al MAS que desde hace diez días se manifiestan en contra del retraso de las elecciones presidenciales, pospuestas ya dos veces, informó el diario local Página Siete.
La respuesta del gobierno de facto llegó el lunes de la boca del ministro del Interior, quien aseguró a la cadena estadounidense CNN que «lo políticamente correcto sería meter bala».
A raíz de las amenazas del gobierno de Áñez, Morales pidió no caer en provocaciones y exigió la convocatoria de comicios «con fecha definitiva e inamovible».
Núñez, quien considera que el reclamo del respeto por los procesos democráticos son un pretexto para «seguir bloqueando», recalcó hoy que «ya no hay argumentos».
En un principio los sectores exigían que las elecciones fueran el 6 de septiembre como estaba previsto, y no el 18 de octubre, como lo determinó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para unos comicios ya aplazados desde el 3 de mayo.
Sin embargo, el lunes las demandas aumentaron y comenzaron a pedir la dimisión de Áñez. «Es un tema político, son grupos minoritarios que no les interesa la salud, la economía y lo único que les interesa es generar caos», fue la explicación de Núñez en defensa del Ejecutivo de facto.
No obstante, la demanda de la COB y del llamado Pacto de Unidad conformado por organizaciones indígenas y campesinas afines al MAS, dio un giro y se mostró inflexible.
«Que las elecciones se lleven el 11 de octubre», dijo el secretario general Huarachi en una conferencia de prensa en la que precisó que se formalizó ese pedido al Parlamento y al organismo electoral.
El pedido descarta la demanda inicial por la que se volcaron a las calles miles de manifestantes y choca con lo manifestado por el presidente del TSE, Salvador Romero, en sentido de que el 18 de octubre es la fecha definitiva de las elecciones.
Sancionada la ley, la Cámara de Diputados dejó en manos del TSE un eventual diálogo con la Central Obrera Boliviana para la resolución de los conflictos.
La jefa de bancada del MAS, Betty Yañíquez, le solicitó al TSE buscar un acuerdo con los sectores movilizados para la resolución de la crisis, informó el diario La Jornada.
«Ya hemos cumplido con lo que nos corresponde», afirmó Yañíquez y, dirigiéndose a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, les pidió que «no se enfrenten al pueblo boliviano, son sus hermanos».
De concretarse en la fecha prevista por la ley, las elecciones se celebrarán un año después de las que se hicieron en 2019 que según el gobierno de entonces arrojaron un resultado que aseguraba la reelección de Morales, pero que fue puesto en duda por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición por denuncias de fraude.
Aunque las sospechas de fraude nunca se confirmaron, las elecciones quedaron invalidadas y ante la crisis y clima de protestas que se originó, en noviembre Morales renunció luego de denunciar un golpe de Estado.
Ese mismo mes y en un Senado sin quórum, Áñez se autoproclamó presidenta y hoy, luego de represiones a grupos afines al MAS y repetidas excusas de postergación electoral, intentará llegar al Gobierno por el voto popular.
