El fiscal especial Jack Smith presentó un informe contundente al Congreso de los Estados Unidos donde aseguró que existían pruebas suficientes para condenar al expresidente Donald Trump por sus intentos de subvertir los resultados de las elecciones de 2020. Smith detalló que las acciones de Trump incluyeron “una serie de esfuerzos criminales para retener el poder”, entre los cuales destacó la presión a funcionarios estatales, el uso de electores fraudulentos y el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.
El documento, ampliamente difundido por los principales medios de comunicación estadounidenses, indica que Smith y su equipo actuaron «siguiendo el mandato de la ley». Además, resaltó que la evidencia presentada habría permitido una condena en un juicio si no se hubiera desestimado el caso tras la victoria electoral de Trump en 2024. Este informe revive el debate sobre la legalidad de las acciones de Trump y sus aliados durante ese periodo.
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El fiscal también destacó que la Constitución impide procesar a un presidente en funciones, lo que habría blindado a Trump de enfrentar un juicio mientras ocupaba el cargo. Sin embargo, Smith expresó que «la evidencia admisible era suficiente para obtener y sostener una condena». Pese a esto, la Fiscalía no pudo continuar con el caso tras el triunfo del republicano en las elecciones más recientes.
Trump respondió de inmediato al informe a través de su plataforma Truth Social, calificando a Smith de «trastornado» y acusándolo de politizar el sistema judicial. Además, sus abogados habían intentado previamente impedir la publicación del informe, argumentando que era un acto «ilegal y contrario al interés público». Este nuevo enfrentamiento refleja la polarización que persiste en el escenario político estadounidense.
Cabe destacar que Trump ya había sido condenado previamente por otro caso: el pago ilegal realizado a la actriz Stormy Daniels en 2016 para silenciar una supuesta relación. Esto lo convierte en el primer presidente de la historia de EE.UU. en ser hallado culpable de un delito penal. Este antecedente genera más controversia sobre su figura y su futuro político.
Fuente: DW.
Imagen: Rebecca Cook/REUTERS.