Los tribunales franceses comenzaron a dictar condenas mediante procedimientos acelerados contra personas acusadas de participar en los disturbios registrados durante las protestas contra el costo de vida del último fin de semana. El Gobierno defendió las medidas como una forma de restablecer el orden, mientras abogados cuestionaron la rapidez de los procesos y advirtieron sobre posibles excesos represivos.
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, informó este jueves que 217 personas fueron encarceladas entre las cerca de 2.700 detenidas desde el sábado por los incidentes. Según precisó, la mitad de quienes ingresaron en prisión no tenía antecedentes penales y, en general, se trata de hombres de entre 18 y 25 años.
Entre los casos juzgados se encuentran los de jóvenes que viajaron a París para participar de las protestas. Una estudiante de 19 años recibió cinco meses de prisión condicional, mientras que su acompañante, de 20, fue condenado a ocho meses, con dos de cumplimiento efectivo, después de que la policía encontrara armas blancas en su bolso y mensajes sobre enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
MIRÁ TAMBIÉN: Un sismo de magnitud 7 sacudió el suroeste de China
Otros acusados también recibieron penas de prisión. Un cocinero de 21 años, sin antecedentes, fue condenado a ocho meses, dos de ellos efectivos, tras ser detenido cerca de una protesta con botellas de vidrio, trapos y un encendedor que, según la fiscalía, podían utilizarse para fabricar cócteles molotov. En otro caso, un hombre con condenas previas recibió ocho meses de prisión firme.
La celeridad de los procedimientos generó cuestionamientos entre abogados defensores. Tristan Lawless sostuvo que uno de los expedientes contra su cliente tenía 50 páginas y contenía información poco precisa, mientras que el letrado Romain Ruiz acusó a Darmanin de presionar a los jueces para imponer penas más severas y criticó que se celebraran públicamente los encarcelamientos de jóvenes.
El Gobierno sostuvo que las decisiones judiciales muestran una aplicación firme de la ley, pero las críticas apuntan al riesgo de que la urgencia afecte las garantías de los acusados. Mientras continúan los procesos derivados de los disturbios, los tribunales franceses enfrentan una elevada carga de casos y el debate sobre la respuesta penal sigue abierto.
