La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, consideró como «una preocupación y una apuesta» el funcionamiento de la mesa de resolución alternativa de conflictos creada por la disputa de tierras en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, donde, a su entender, se «evitó una masacre» al frenar una protesta contra esa ocupación.
«Convocar a una protesta armada excede las libertades democráticas. Creemos que evitamos una masacre. Porque esa denuncia por lo menos fue una interdicción, aunque después se haya desestimado. Insisto: No estamos en contra de las protestas, creemos que hay que hacerlas. De hecho yo me he pronunciado en ese sentido sobre las marchas anticuarentena. Creo que están dentro de la ley», declaró Frederic en una entrevista con Página/12.
La ministra se refirió así al conflicto originado en Villa Mascardi, a partir de una toma de tierras, que lleva algo más de tres años.
El hecho que originó el conflicto ocurrió en 2017, cuando integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu tomaron tierras pertenecientes en su mayoría al Parque Nacional Nahuel Huapi, y hoy ocupan una superficie de unas 60 hectáreas.
El Gobierno nacional mantuvo en las últimas semanas varias reuniones con todos los actores involucrados en la situación de Villa Mascardi, donde fue convocada una marcha de rechazo a esa toma.
«No fue una denuncia a los que hicieron la marcha, y eso fue parte de la confusión. Nosotros pusimos a disposición de la Justicia información que teníamos de que había gente que, convocando a la marcha, se estaba armando para ir a provocar hechos de violencia, amenazando con herir o matar a los mapuche. La denuncia no fue a los que hicieron la convocatoria a una marcha, fue a los que estaban preparando una situación de violencia, según la información que teníamos», explicó en la entrevista.
Según su criterio, «hubo una distorsión en la comprensión de la denuncia». Aceptó que uno de los principales focos de atención de su cartera está puesto en que «funcione y avance» la mesa alternativa creada para Villa Mascardi, pero al mismo tiempo que consideró esa apuesta como «una preocupación», también lo definió como «un ejemplo».
«La gente no se entera, pero desactivamos junto con otras áreas del Estado nacional y provincial un montón de conflictos de ese tipo. No es un logro que se vea, justamente porque el logro es haber evitado los conflictos. Sabemos que funciona. También es ejemplar porque hay un muerto, Rafael Nahuel, un joven que perdió la vida por malas decisiones. Así que la exploración de ese mecanismo alternativo de resolución de conflictos es una preocupación y una apuesta», insistió.
Frederic remarcó que, con todo, «el derecho a manifestarse no está prohibido, y si no está prohibido es porque hubo una decisión política», pero evaluó que debería ser ejercido «con más cuidado» por los riesgos de contagio de coronavirus.
En cuanto a las críticas que recibió por haber planteado las tomas de tierras como un problema de vivienda, y no de seguridad, Frederic explicó: «Cuando digo que el tema no es de seguridad, quiero decir que no es inicialmente el área que interviene cuando se produce una toma, sino que es la Justicia. «
«El juez o la jueza es quien define el criterio a adoptar, las fuerzas de seguridad somos auxiliares de la Justicia. El margen de decisión que tiene el área de seguridad es mínimo, yo no puedo ordenar el desalojo de un predio. Además hay muchas otras áreas involucradas: intervienen las áreas de tierras y viviendas de las jurisdicciones, por requerimiento de la Justica», detalló.
«Yo estoy en contra de la toma de tierras, es un acto claramente ilegal. Pero también hay que decir que en la Argentina hay una larga demora de atención del problema de la vivienda y de la tierra, y también hay mucha tierra fiscal que está ociosa. No es contradictorio hablar de la ilegalidad de una toma, con reconocer el hecho de que en la Argentina hay un déficit habitacional que se estima en 4 millones de viviendas», agregó.
Entendió que existe «un estado de penuria que se agravó con la pandemia», pero -dijo- «ya venía de antes».
«El acceso a la vivienda es un derecho constitucional. Tomarla no es la salida, pero es cierto que el Estado viene muy retrasado en acciones preventivas y de planificación, que hoy se están pensando», afirmó.
