Un día de julio de 2022, Antonio Miranda, un albañil formoseño que trabajaba en Río Gallegos, creyó haber cambiado su destino. Invirtió $6.000 en una tragamonedas y, en cuestión de minutos, se convirtió en «millonario» al obtener un premio de $100 millones. Pero su ilusión duró poco: el casino se negó a pagarle, aduciendo que la máquina tenía un desperfecto y no podía otorgar esa suma.
A pesar de las felicitaciones de los presentes y de contar con una foto del premio como prueba, el casino solo le devolvió el saldo disponible y apagó la máquina. Miranda, sin respuestas claras, decidió iniciar acciones legales al año siguiente. Con el respaldo de su abogado, Gustavo Insaurralde, reclamó el pago completo y presentó testigos, imágenes y solicitó peritajes.
MIRÁ TAMBIÉN | El Gobierno fusionó dos entes reguladores de electicidad y gas
Durante el proceso judicial, se supo que las cámaras de seguridad de la sala habían sido misteriosamente desactivadas o removidas. Incluso se intentó negociar una suma simbólica, de apenas $200.000, que el trabajador rechazó por considerarla irrisoria. Mientras tanto, su situación personal se deterioró: sufrió un accidente, perdió su empleo y regresó a su ciudad natal para cuidar a su madre enferma.
Finalmente, antes de una audiencia clave en 2024, el casino realizó una nueva oferta, considerablemente mayor pero lejos del premio original. Miranda aceptó el acuerdo, que incluyó una cláusula de confidencialidad que le impide revelar la cifra recibida. La homologación judicial se concretó en julio del año pasado y el último pago fue en septiembre.
MIRÁ TAMBIÉN | Explosiones y fuego en Balvanera: evacuaron a 33 personas
Aunque no logró el monto que la pantalla anunciaba, Antonio pudo adquirir un terreno en Piedra Buena y continúa trabajando en la construcción. Su caso reabrió el debate sobre la falta de transparencia en salas de juego y los derechos de los apostadores frente a fallas técnicas no imputables al usuario.
Fuente: Infobae.
