El juez nombrado por decreto por Javier Milei lleva apenas 38 días en el cargo. La Corte recibió un recurso per saltum del Gobierno para frenar la medida que le impide seguir firmando fallos.
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La situación del juez de la Corte Suprema Manuel José García-Mansilla se encuentra en una encrucijada crítica. Luego de que el Senado rechazara su pliego con 51 votos en contra y apenas 20 a favor, el magistrado analiza presentar su renuncia al máximo tribunal, cargo al que accedió por decreto del presidente Javier Milei durante el receso legislativo.
El nombramiento de García-Mansilla, formalizado el 25 de febrero pasado, fue cuestionado desde el inicio por diversos sectores políticos y jurídicos, al considerar que viola el artículo 99 de la Constitución Nacional, el cual exige el acuerdo del Senado para designaciones en la Corte. La presión aumentó tras el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien ordenó que se abstenga de intervenir en causas judiciales mientras no cuente con el aval legislativo.
La decisión de Ramos Padilla fue en respuesta a una presentación realizada por el abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quienes impugnaron el decreto presidencial por entender que compromete la independencia judicial. “La falta de acuerdo del Senado no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, sentenció el magistrado platense.
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En ese contexto, el Gobierno nacional presentó un recurso per saltum ante la Corte Suprema para que frene la medida cautelar. Desde la administración Milei insisten en la legalidad del decreto, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió públicamente el nombramiento al sostener que «no hay ningún artículo que obligue a renunciar».
García-Mansilla, de perfil conservador y oriundo de Bariloche, firmó 215 fallos en apenas 38 días, desde que asumió como juez en comisión. Sin embargo, su continuidad pende de un hilo, tanto por el rechazo político como por la decisión judicial que limita sus funciones. Paradójicamente, en agosto del año pasado, durante una audiencia en el Senado, el propio García-Mansilla había declarado que no aceptaría una designación por decreto, argumentando que, aunque constitucional, ese mecanismo podía “afectar a una institución”.
Ahora, su futuro está en manos de una Corte que debe decidir si hace lugar al pedido del Gobierno o valida la cautelar de Ramos Padilla. Mientras tanto, crecen los cuestionamientos sobre la legitimidad de su permanencia en el tribunal más alto del país.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
