El Gobierno nacional, a través de la ANSES y el Ministerio de Capital Humano, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir el fallo que ordenaba restablecer la pensión de privilegio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión judicial había sido emitida previamente por la Cámara Federal de la Seguridad Social.
El conflicto gira en torno a una medida cautelar que había favorecido a la ex mandataria, disponiendo la restitución del beneficio previsional. Desde el Ejecutivo consideran que la resolución es “inadmisible” debido a la situación judicial de la beneficiaria, quien posee una condena penal por delitos vinculados a la administración pública.
Según el comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano, existen “múltiples razones legales” que justifican la apelación ante el máximo tribunal del país. El Gobierno sostiene que la naturaleza de las pensiones de privilegio es incompatible con condenas por corrupción u otros delitos contra el Estado.
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En su argumentación, la cartera que conduce Sandra Pettovello remarcó que “resulta especialmente inadmisible que una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una millonaria pensión de privilegio”, al tiempo que cuestionó la continuidad de estos beneficios en paralelo a otros reclamos previsionales.
El Ejecutivo ratificó además su decisión de agotar todas las instancias judiciales disponibles para impedir el pago de estas asignaciones. La estrategia oficial busca sentar posición sobre la interpretación de los beneficios extraordinarios otorgados a ex funcionarios de alto rango.
El caso ahora queda en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si admite el recurso y revisa el fallo de la Cámara. La resolución podría sentar un precedente relevante en materia de asignaciones especiales para ex autoridades con condenas penales.
FUENTE: NA.
IMÁGEN: NA.
