La Universidad de Harvard presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump por la decisión de congelar subvenciones y retirar exenciones fiscales en represalia por no acatar medidas federales. La institución calificó de «ilegales» las acciones y defendió su derecho constitucional a la libertad académica frente a lo que considera una ofensiva política.
En el centro de la disputa se encuentra la negativa de Harvard a aplicar las políticas impuestas por la administración Trump para combatir el antisemitismo y eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Tras su negativa, el gobierno republicano anunció el congelamiento de 2.200 millones de dólares en fondos federales destinados a la universidad.
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«Las acciones de los demandados son ilegales», sostiene la demanda judicial, donde los abogados de la institución argumentan que el intento del gobierno de controlar contenidos académicos, contrataciones y admisiones vulnera la Primera Enmienda. Para Harvard, se trata de una grave amenaza a la autonomía de las universidades privadas en Estados Unidos.
El rector Alan Garber, en una carta enviada a la comunidad educativa, reafirmó que la universidad no cederá ante las presiones del Ejecutivo. “No renunciaremos a nuestra independencia ni a los derechos que garantiza la Constitución”, expresó, en medio de una creciente tensión entre la administración federal y los centros educativos.
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Las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza, que tuvieron lugar en el campus de Harvard y otras universidades, han sido uno de los detonantes del conflicto con la Casa Blanca. Desde el retorno de Trump al poder, la política hacia instituciones que promueven el disenso y la inclusión ha generado fuertes críticas por parte del ámbito académico y de organizaciones defensoras de los derechos civiles.
Fuente: DW.
Foto: Lisa Poole/AP Photo/picture alliance.