Edgardo Hompanera y Carlos Morales, ambos dirigentes de una fracción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fueron llevados a juicio oral y público por las amenazas a Andrés Meiszner, ex secretario de trabajo de la provincia, hablaron ante el juez Marcelo Nieto Di Biase antes de escucharse los alegatos de las partes.
El veredicto se conocerá el próximo viernes a las 9.30 en una audiencia convocada por el magistrado, ante los representantes del Ministerio Público Fiscal Florencia Gómez y Leonardo Cheuquemán, además del defensor de los dos imputados, Sergio Miranda.
En este marco, Hompanera hizo una encendida defensa de su trabajo gremial, las dificultades económicas a raíz de sus diferencias con la conducción nacional de ese gremio, además de cómo el proceso penal en su contra lo perjudicó personalmente y desde el punto de vista de su actividad sindical.
«No entiendo por qué me denunciaron por una cosa y ahora solo estoy imputado por amenazas», manifestó el dirigente gremial. Además, en su extensa exposición, destacó que el caso que derivó en el juicio oral y público «fue una maniobra de todo el aparato estatal para sacarnos de la calle».
Al referirse al incidente en el despacho de Meiszner, lo minimizó indicando que se trató de «una discusión como la tenemos en cualquier lado» y que «solo fue un encuentro elevado de tono».
Por último, el dirigente gremial comparó la denuncia en su contra con un hecho de violencia ocurrido semanas atrás en la Municipalidad de Trelew. «Hace un par de meses un funcionario de la Municipalidad de Trelew salió ensangrentado por una agresión y no hubo denuncia, no hubo investigación, no hubo juicio, no hubo nada. Y a nosotros nos tiene acá, en este Juicio. ¿Cómo es que cambia la Ley a apenas 12 kilómetros de diferencia entre una ciudad y otra», se preguntó.
Por su parte, Morales se refirió a los motivos del ingreso a la oficina de Meiszner, la necesidad de reconocer a esa fracción gremial de la Asociación Trabajadores del Estado «para que podamos sentarnos a discutir paritarias» y que el encuentro con el funcionario provincial se decidió momentos antes durante una asamblea gremial.
Además, aludió a cómo el proceso judicial en su contra lo perjudicó personalmente, a su esposa que es docente, en su condición de dirigente barrial y en su actividad en el fútbol barrial. «No soy un delincuente y ni siquiera tengo antecedentes penales», sentenció.
Fuente: Ministerio Público Fiscal Chubut.
