Este jueves, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó dos leyes que han generado preocupación a nivel internacional por sus posibles implicaciones en la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. La ley de ciberseguridad y la ley de protección de datos otorgan al gobierno amplias facultades, especialmente a la recién creada Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), que podrá supervisar y regular tanto la ciberseguridad nacional como la protección de datos personales.
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Según Human Rights Watch, estas leyes podrían usarse para restringir las publicaciones críticas del gobierno bajo el pretexto de proteger la información personal. En particular, la ley de protección de datos introduce un «derecho al olvido», que permite la eliminación de información de plataformas en línea si se considera «inadecuada o inexacta», lo que podría ser interpretado como una herramienta para censurar medios de comunicación y otras fuentes de información pública. A pesar de una excepción que protege la libertad de expresión, la normativa aún deja margen para que el gobierno presione a los medios de comunicación para retirar contenido de interés público.
La ACE, encargada de supervisar el cumplimiento de las nuevas normativas, podrá imponer sanciones a quienes no respeten los estándares de protección de datos. Además, el director general de la agencia será nombrado por el presidente, lo que genera preocupaciones sobre la independencia de la misma y su posible uso como instrumento para restringir la libertad de prensa. Organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que esta centralización del poder en manos del gobierno podría derivar en una mayor censura y control de la información.
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Uno de los puntos más polémicos es la inclusión de los datos relacionados con la «seguridad pública y la defensa» bajo la jurisdicción de la nueva legislación. Esta cláusula permite que el gobierno tenga discrecionalidad para publicar información personal bajo el argumento de seguridad, lo que aumenta la preocupación sobre posibles abusos, especialmente en un contexto de creciente hostilidad hacia los periodistas y la sociedad civil en el país.
Human Rights Watch y otros expertos internacionales han advertido que estas leyes podrían ser un paso más hacia la consolidación de un sistema autoritario en El Salvador, donde la censura y la limitación de la libertad de expresión se justificarían en nombre de la protección de datos personales y la seguridad del Estado. Las organizaciones piden una revisión de estas normativas para garantizar que no se utilicen como un mecanismo de represión.
Fuente: HRW
Foto: Alex Peña/Getty Images
