Implementan el «silencio positivo» para agilizar más de 500 trámites públicos

El Gobierno ha puesto en marcha la implementación del «silencio positivo» en más de 500 trámites de la administración pública nacional, en un intento por agilizar los procesos burocráticos. Con esta medida, cuando los organismos estatales no respondan dentro de los plazos establecidos, el trámite se considerará automáticamente aprobado. Este cambio, que se aplicará de forma gradual, supone una transformación significativa en la relación entre el ciudadano y el Estado, evitando que la falta de respuesta paralice gestiones.

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Fuentes oficiales indicaron que el «silencio positivo» busca simplificar y agilizar trámites clave, como la obtención de licencias y la inscripción en registros públicos. La normativa, que fue aprobada en el Congreso y reglamentada a través del decreto 971/2024, establece que esta medida solo aplicará a autorizaciones administrativas regladas, con algunas excepciones. Quedan excluidos del régimen positivo los trámites relacionados con salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos y derechos sobre bienes de dominio público.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, junto al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy, fueron los principales impulsores de esta reforma. Según explicaron, esta iniciativa busca reducir la burocracia y fomentar la inversión, al proporcionar mayor certeza jurídica a los ciudadanos y empresas que realicen trámites en el sector público. La normativa ya entró en vigor para los organismos centralizados y se extenderá a las entidades descentralizadas a partir del 1 de diciembre.

El «silencio positivo» representa un cambio profundo en la administración pública, sustituyendo el esquema anterior de «silencio negativo» que mantenía en suspenso los trámites en caso de falta de respuesta. Ahora, los organismos deberán responder a tiempo o, de lo contrario, los trámites serán aprobados automáticamente, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. Esta nueva normativa requiere que los trámites estén correctamente presentados para que el beneficio sea aplicable.

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Para facilitar la transición, el Gobierno ha anunciado la disponibilidad de cursos dirigidos a abogados y profesionales de la administración pública interesados en aprender sobre la aplicación de la normativa. Estos cursos están diseñados para garantizar una implementación eficiente y lograr que este cambio en la gestión pública sea efectivo, promoviendo un Estado más ágil y accesible para todos los ciudadanos.

Fuente: Noticias Argentinas.

Foto: Catamarca es Noticia.