El Gobierno nacional implementó modificaciones en los requisitos para acceder y mantener las pensiones no contributivas y asignaciones gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objetivo de fortalecer los controles sobre las prestaciones sociales. Estas nuevas regulaciones, establecidas mediante la resolución 918/2024, tienen como eje principal verificar la residencia de los beneficiarios en el país, lo que implica que cualquier persona que se ausente de Argentina por más de 90 días corridos podría perder el derecho a percibir dichos beneficios.
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Para garantizar el cumplimiento de este nuevo requisito, ANSES cruzará datos con la Dirección Nacional de Migraciones, permitiendo una fiscalización más rigurosa de las personas que permanecen fuera del país por un período extendido. En caso de no cumplir con esta condición, el beneficio se suspenderá hasta que el titular solicite la reactivación y demuestre que reside nuevamente en Argentina. En algunos casos, como las bonificaciones por zona austral, la falta de residencia puede llevar a la cancelación definitiva del beneficio.
Estas medidas surgen en respuesta a las inconsistencias detectadas en recientes auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los resultados revelaron la existencia de pensiones otorgadas de manera irregular en Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, donde hasta el 80% de las pensiones en la ciudad balnearia fueron catalogadas como «truchas». El informe destacó que algunos beneficiarios fallecidos o residentes en el exterior continuaban cobrando asignaciones.
El director de ANDIS, Diego Spagnuolo, señaló que las auditorías revelaron un «escandaloso negocio con la discapacidad», que desvió entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año. Según Spagnuolo, estas irregularidades formaban parte de un esquema de clientelismo político que desvió fondos del Estado hacia beneficiarios que no cumplían con los requisitos.
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Desde el Gobierno nacional explicaron que las nuevas normativas buscan corregir estos desvíos y restaurar la confianza en el sistema de pensiones. El objetivo es asegurar que los fondos destinados a ayudar a los más vulnerables lleguen a las personas que realmente los necesitan, sin permitir el uso indebido de estos recursos.
Fuente: Infobae.
Foto: Archivo.
