La fiscal federal Cecilia Incardona requirió que se investigue el caso del avión venezolano que arribó la semana pasada a la Argentina con una tripulación integrada, entre otros, por cinco tripulantes iraníes y el expediente quedó bajo secreto de sumario, informaron hoy a Télam fuentes judiciales.
El juez federal Federico Villena decretó que la causa pasara a tramitar bajo secreto de sumario a pedido de la fiscal que, además, requirió una batería de medidas de prueba tendientes a determinar si alguno de los tripulantes del avión de la empresa Emtrasur tiene vínculos con el terrorismo internacional, informaron a Télam fuentes judiciales.
Los movimientos en el expediente se dieron luego de que, esta mañana, el juez Villena dictara una medida urgente para que la Dirección Nacional de Migraciones mantuviera retenidos, al menos por otras 72 horas, los pasaportes de los cinco ciudadanos iraníes que conformaban la tripulación de la nave que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Ezezia sin posibilidad de abandonar el país por falta de combustible.
En la misma resolución de esta mañana, el juez Villena aceptó como querellante a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que horas atrás había hecho pública su preocupación por la presencia en el país del avión de «la empresa venezolana Emtrasur, y vinculado a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas».
A través de un comunicado, la DAIA y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) exigieron «una información exhaustiva y detallada sobre el listado de tripulantes que viajaban en la mencionada aeronave y los motivos de su paso por el país» y luego se presentaron en el expediente judicial que tramita en Lomas de Zamora por ser la jurisdicción que tiene competencia sobre el aeropuerto de Ezeiza.
Desde la DAIA señalaron que, «de acuerdo con lo establecido por la justicia argentina, los atentados del 17 de marzo de 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires y del 18 de julio de 1994 contra la AMIA, que aún permanecen impunes, fueron planificados y ejecutados por el Hezbollah, un grupo terrorista financiado y apoyado por la República Islámica de Irán».
Al aceptar a la DAIA como querellante, el juez Villena señaló que esa condición les fue conferida en su «carácter de representante de la comunidad judía argentina que sufriera el atentado a la AMIA/DAIA como víctima directa perpetrado el día 18 de julio de 1994, lo cual le genera un interés genuino para que se investiguen los hechos denunciados».
El avión investigado es un un Boeing 747 de la empresa Emtrasur, con matrícula venezolana YV3531, que llegó a Ezeiza el lunes de la semana pasada a las 15:30, tras realizar antes una parada en Córdoba, por cuestiones climáticas.
El vuelo provenía de Caracas, Venezuela, y la tripulación estaba conformada por los cinco iraníes a los que les retuvieron el pasaporte y 14 ciudadanos venezolanos.
El miércoles pasado, el avión partió rumbo a Montevideo, Uruguay, para cargar combustible que le habían negado dos empresas en Argentina, pero debió regresar a Buenos Aires porque Uruguay le impidió el ingreso a su espacio aéreo.
Cuando el avión, que en todo momento declaró transportar autopartes –algo que fue constatado-, regresó a Ezeiza, la Dirección Nacional de Migraciones ordenó retener la documentación de los miembros de la tripulación y otorgarles una autorización provisoria de permanencia en la Argentina.
El juez Villena le indicó a a Migraciones que mantuviera retenidos los pasaportes de los ciudadanos iraníes Mohammad Khosraviaragh; Gholamreza Ghasemi, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi por el término de setenta y dos (72) horas.
